INTRODUCCIÓN
La Legislatura del Estado 2004-2008
ha sido una de las más
duras de la reciente etapa democrática
española. Marcada en su
origen por el atentado terrorista
más grave de la historia
de España , el del 11-M,
su desarrollo ha roto el espíritu
de los grandes acuerdos de la
transición y no se han
pactado entre los partidos centralistas
-PSOE y PP- políticas que,
generalmente, han sido objeto
de acuerdo como la política
exterior, la lucha contra el terrorismo
o las de inmigración y
extranjería, así
como los ya urgentes y necesarios
acuerdos, como ha sucedido en
otros países europeos,
en relación al futuro de
los sistemas educativos y sanitarios.
La primera parte de esa legislatura
estuvo marcada por un Partido
Popular muy condicionado en sus
duras acciones de oposición
por su inesperada salida del Gobierno.
La segunda -especialmente el último
año- por el sectarismo
en la acción del Gobierno
socialista. Así, el PSOE
ha practicado una política
autonómica basada en su
interés político
de partido favoreciendo a unas
Comunidades Autónomas frente
a otras, lo que ha resultado especialmente
grave para Canarias, que ha visto
frustradas sus aspiraciones de
más autogobierno con el
bloqueo que el PSOE realizó
a la propuesta de nuevo ESTATUTO
para Canarias. A esto hay que
añadir que Canarias, en
la legislatura terminada, ha estado
recibiendo una financiación
por parte del Gobierno de España,
tanto para los servicios esenciales
como para el desarrollo de infraestructuras,
inferior a la que nos corresponde
por población, lo que la
sitúa por debajo de la
media que reciben las restantes
comunidades autónomas del
Estado, a lo que se ha de sumar
el gran fracaso y los numerosos
errores de Zapatero y de su Gobierno
en el tratamiento de la inmigración
irregular y en materia antiterrorista.
Además, el Gobierno de
Zapatero no ha sabido reconducir
los fracasos en política
exterior de la última etapa
del Gobierno de Aznar, lo que
ha significado una pérdida
de protagonismo y credibilidad
de España en lo referente
a políticas europeas y
a su posición internacional.
Las mejoras superficiales en
las políticas sociales,
sin compromiso presupuestario
y con un falso debate de confrontación
ideológica con el PP, ocultan
la ausencia de propuestas para
modernizar y mejorar los servicios
públicos hasta tal punto
que, incluso, se han producido
retrocesos en la cohesión
de los sistemas educativo y sanitario
de España.
El PP y el PSOE han centrado
el debate político y su
actuación en las instituciones
en el enfrentamiento partidista
y se han olvidado de que el principal
objetivo de la acción política
es contribuir a resolver los problemas
de los ciudadanos.
Las posiciones extremas de los
dos partidos estatales, la ausencia
de posiciones moderadas para buscar
el consenso para afrontar los
principales problemas del Estado
y de los ciudadanos es el resumen
de la legislatura terminada.
Finalmente, en una huída
hacia delante, ha habido una falta
de previsión y ninguna
medida para afrontar un nuevo
período de enfriamiento
económico que, aunque de
origen financiero, está
ocasionando ya importantes repercusiones
en las economías domésticas,
con pérdida de poder adquisitivo
para las clases medias y bajas.
Esa tendencia con la que el PSOE
cierra la legislatura resulta
especialmente grave para una economía
de servicios como la canaria,
con medias salariales más
bajas, y en la que las tendencias
inflacionistas y el paro producen
efectos más rápidamente.
Como ejemplo, en los últimos
días del Gobierno de Zapatero
estamos viendo que, mientras más
aumenta la preocupación
ciudadana por estos asuntos, más
aumenta la competición
entre el PP y el PSOE por ofertar
de forma improvisada más
rebajas fiscales.
Paralelamente, las Elecciones
Autonómicas de 2007 dibujaron
un panorama político en
el Archipiélago que exigió
acuerdos para la gobernabilidad
desde CC y con el PP para garantizar
la solidez de la acción
del Gobierno de Canarias sobre
una alianza programática
durante el periodo 2007-2011.
La estrategia del PSOE ha sido
el ataque indiscriminado al nacionalismo
responsable y solidario que CC-PNC-PIL
representa, la ruptura de la unidad
de Canarias como táctica,
y el pacto con los tránsfugas
intentando debilitar con ello
las posiciones de fuerza que puede
darle a Canarias en la próxima
legislatura una coalición
nacionalista con peso.
No obstante, la actividad de
Coalición Canaria-Partido
Nacionalista Canario-Partido de
Independientes de Lanzarote en
las Cortes Generales se realizará
con el objetivo de que los canarios
y canarias sigan teniendo voz
propia en Madrid, incidirá
en la defensa de nuestras singularidades
como territorio ultraperiférico
de la Unión Europea, en
la necesidad de que en España
se reconozca nuestro estatuto
especial y de que las políticas
legislativas, financieras y presupuestarias
del Estado se adapten al mismo.
Nuestra contribución a
las políticas del Gobierno
de España se realizará
desde la responsabilidad pero
estará supeditada a esos
objetivos y al respeto a la acción
de la Comunidad Autónoma
de Canarias en su ámbito
de autogobierno. Se trata de actualizar
y fortalecer con nuestra presencia
en las Cortes Generales la bilateralidad
en la relación Canarias–Estado.
La acción de CC-PNC-PIL
en Madrid, en el Congreso y en
el Senado, se conforma sobre esos
principios y nuestro programa,
en la contribución que
desde ese ámbito podamos
realizar para lo que hemos llamado
“La
segunda modernización de
Canarias”. Nuestro
compromiso con las políticas
de Estado se producirá
en la medida que respeten ese
objetivo y, en general, con las
iniciativas que generen progreso
y hagan efectivos los principios
de libertad e igualdad. No debemos
olvidar que en las próximas
elecciones de marzo, Canarias
no vota a los que quieren ser
presidentes de España,
vota por quienes desde Canarias
van a defender sus intereses en
Madrid.
Los nuevos objetivos y retos
que Coalición Canaria-Partido
Nacionalista Canario-Partido de
Independientes de Lanzarote proponen
para Canarias para el periodo
2008-2012 son posibles gracias
al fruto de la acción de
CC en todas las instituciones
desde 1993, con la que se ha logrado
que la transformación y
el avance del Archipiélago
hayan sido extraordinarios.
El período 93-2000 constituyó
un ciclo de expansión y
crecimiento en un tiempo en el
que el nivel de renta de los canarios
estaba por debajo del 75% de la
renta media europea. La consolidación
en el Tratado de la Unión
del Estatuto de Región
Ultraperiférica en tiempos
del Presidente Manuel Hermoso
(1997) representó una consagración
de nuestro futuro no sólo
en el plano económico sino
político.
El período 2000-2007 ha
sido el de fortalecimiento económico
y la modernización. Con
importantes avances en las infraestructuras
públicas y en el transporte,
y con significativas inversiones
de modernización en materia
educativa y sanitaria, se optó
por un modelo de límites
al crecimiento para evitar daños
irreparables al territorio y al
medio ambiente a través
de las Directrices y de la Moratoria
turística. No obstante,
los crecimientos poblacionales
intensos, fundados en gran parte
en inmigración irregular,
han producido desajustes en el
funcionamiento de los servicios
públicos.
Con la confianza de nuestra
gente hemos iniciado la segunda
etapa de modernización
de Canarias (2007-2020) que abarca
los dos nuevos ciclos de la programación
financiera europea. Se trata de
un período en el que Canarias
debe cobrar un protagonismo especial
en la Región atlántica
de la que forma parte, con un
estatuto
especial en España
y como espacio europeo en un territorio
geográficamente no europeo,
lo que la convierte en una auténtica
plataforma de Europa hacia África.
Sólo la coalición
nacionalista formada por CC-PNC-PIL
y las agrupaciones unidas en Gran
Canaria están en condiciones
de liderar ese nuevo período
de identidad y de desarrollo social
y económico porque representamos
a Canarias sin ataduras, sin dependencia
de estructuras centrales que deciden
desde Madrid, y que impiden y
recelan de esa posición
líder y autónoma.
Tenemos que converger con los
pueblos más avanzados de
Europa preparando a Canarias para
ser más competitiva en
un mundo cada vez más globalizado.
Tenemos que conseguir que se garantice
el pleno empleo, que se nos permita
el despegue industrial y se asiente
nuestra posición como plataforma
de servicios y cooperación
con África, con especial
atención a la innovación
turística.
Para ello, es esencial que, una
vez reformulado el tratado constitucional
europeo, que mantiene el mismo
tratamiento previsto para las
regiones ultraperiféricas,
contribuyamos al desarrollo de
ese estatus, de ahí la
importancia de seguir siendo la
voz de Canarias en Madrid. La
segunda modernización de
Canarias será la garantía
de la cohesión social y
territorial, manteniendo y mejorando
la calidad de vida de los ciudadanos
de Canarias, un único pueblo
asentado en siete islas que, con
su mar, constituyen un archipiélago.
Una tierra única en la
que los ciudadanos y ciudadanas
tengan los
mismos derechos y oportunidades
donde quiera que residan.
La acción política
que en el Congreso y en el Senado
realizaremos para contribuir desde
el Estado a la segunda
modernización de Canarias
la haremos posible cumpliendo
los siguientes OBJETIVOS:
1. MODELO DE ESTADO
Y NUEVO ESTATUTO DE AUTONOMÍA
Es imprescindible
para mejorar la calidad de vida
de los canarios que los hechos
diferenciales específicos
de Canarias, insularidad, fragmentación
y lejanía, además
de los comunes con otras nacionalidades
(cultura y máximas cotas
de autogobierno), nos permitan
mantener una posición ventajosa,
pese a las resistencias de las
formaciones políticas centralistas
que, como ha sucedido a lo largo
de los siglos, siguen sin asumir
definitivamente la necesidad de
atender
adecuadamente esas especificidades
canarias.
Para ello, para
que se atiendan nuestras singularidades,
no sólo es imprescindible
conservar sino aumentar el poder
político, el apoyo electoral,
tanto en el ámbito canario
como en el estatal (manteniendo
la condición de voz de
Canarias en Madrid a través
de los Grupos Parlamentarios en
el Congreso y en el Senado), lo
que nos permitirá contribuir
a la gobernabilidad de las distintas
instituciones estatales desde
la responsabilidad pero condicionada
al respeto a nuestras singularidades
como territorio ultraperiférico
de la Unión Europea, a
nuestro estatuto especial en España
y a que las políticas legislativas,
financieras y presupuestarias
del Estado se adapten a nuestras
singularidades.
Hemos desarrollado
un proyecto político netamente
canario que a lo largo de estos
años se ha demostrado eficaz
para nuestros municipios y cabildos,
y que ha contribuido a afianzar
los cimientos de la construcción
archipielágica de Canarias
desde el equilibrio y la solidaridad.
Ese mismo proyecto propugna un
Estado plural que reconozca su
diversidad territorial y defienda
la lejanía e insularidad
como hecho diferencial específico.
Trabajamos también para
que la integración europea
se realice contemplando no sólo
las realidades estatales sino
desde el respeto a la Europa de
los Pueblos y a nuestra consideración
como frontera sur de Europa.
Una vez que la
Constitución de 1978 ha
cumplido su objetivo mediante
la fórmula constitucional,
que consagraba más que
otra cuestión el compromiso
a medio camino entre las reivindicaciones
de la ciudadanía activa
y la lucha antifranquista, hoy,
ante las exigencias de los diferentes
territorios que conforman el Estado
español, considerando a
éste desde el punto de
vista político-sociológico
como Estado Plurinacional, se
hace necesario un proceso político
que bien pudiera denominarse 2ª
Transición, que abarque
un Modelo de Estado avanzado y
más acorde con las exigencias
territoriales para garantizar
una mejor relación entre
Estado y las diversas Naciones
que la conforman.
Ese modelo debe
resolver, entre otros, el problema
de la integración de los
hechos diferenciales, configurando
de manera definitiva un esquema
asimétrico en el que la
lejanía y la insularidad
constituyan el hecho diferencial
natural que determine la relación
con el Estado derivada de nuestra
historia como Pueblo durante más
de cinco siglos y del secular
pacto con la Corona que configuró
el régimen económico
librecambista y fiscal diferenciado
(el REF).
Sin perjuicio
de nuestra concepción solidaria
con otros pueblos de España,
desde CC-PNC-PIL propugnamos la
necesidad de profundizar en esa
relación bilateral entre
Canarias y el Estado que definitivamente
fije el modelo de relación
e integración en la España
plural.
La posición
política de CC-PNC-PIL
en la gobernabilidad del Estado
ha posibilitado esa relación
pero, lejos de cualquier coyuntura
política, esa relación
debe fundarse en su diferencia
y singularidad frente al conjunto
de las Comunidades Autónomas
continentales, incluidas las denominadas
históricas.
La defensa de
una BILATERALIDAD
exige que reforcemos nuestra acción
política para garantizar
voz canaria en Madrid, a través
de los Grupos Parlamentarios de
CC-PNC-PIL en el Congreso de los
Diputados y en el Senado, con
los que poder condicionar la acción
de los gobiernos de turno para
poder aumentar los espacios de
decisión propia de los
canarios (mayores cotas de autogobierno)
y que en los asuntos que deban
decidir los órganos estatales
se tenga en cuenta nuestras especificidades
(principio de modulación).
Lógicamente,
no pretendemos desde Canarias
gobernar España en solitario
pero sí contribuir decisivamente,
desde ese moderno nacionalismo
y con la experiencia acumulada
en los últimos años,
a su gobernabilidad introduciendo
moderación en el debate
polarizado en los dos grandes
partidos estatales aportando una
visión asimétrica
pero solidaria de la articulación
territorial del Estado español,
y de progreso en las políticas
de desarrollo y sostenibilidad
del bienestar de los ciudadanos.
La posición
ventajosa de CC-PNC-PIL en su
relación con los partidos
que han ocupado el Gobierno de
España ha hecho posible
que nuestras aportaciones hayan
sido claves para que proyectos
como la reforma laboral o la educativa
se aprobaran con enmiendas constructivas,
como también ha hecho posible
la aprobación de otras
normas hechas específicamente
para Canarias. Tanto ha sido así,
que las aportaciones de CC-PNC-PIL
han cambiado sustantivamente muchos
planteamientos restrictivos y
limitadores formulados inicialmente.
La meta que debe
marcarse el nacionalismo de Coalición
Canaria-Partido Nacionalista Canario-Partido
de Independientes de Lanzarote
debe dirigirse hacia el logro
de un objetivo concreto que es
la cimentación de Canarias
como Nación para paulatinamente
irse consolidando y desarrollar
los recursos jurídicos-administrativos-financieros
necesarios para tal fin.
Por un Estado
Plurinacional
Tras 25 años
de vigencia del actual modelo
constitucional, creemos que ha
llegado el momento de acometer
las reformas institucionales necesarias
para acabar de construir el Estado
de las Autonomías en el
que las nacionalidades y regiones
que componen el Estado colaboren
entre sí y con las instancias
centrales, y se reconozcan y desarrollen
los distintos hechos diferenciales.
En ese marco,
Coalición Canaria-Partido
Nacionalista Canario-Partido de
Independientes de Lanzarote, implicados
como están en la construcción
de un auténtico Estado
Plurinacional, proponen:
-
Una
reforma del Senado que
lo convierta en una
auténtica y útil
cámara de representación
territorial de corte
federal con funciones
propias y exclusivas
sobre las cuestiones
autonómicas (Estatutos
de Autonomía,
leyes básicas,
financiación,
solidaridad interterritorial,
etc.), y donde las Comunidades
Autónomas estén
representadas en exclusiva.
|
Para ello, es
conveniente plantearse, por los
cauces democráticos previstos
en ella, una
modificación de la Constitución
en la que Coalición Canaria-Partido
Nacionalista Canario-Partido de
Independientes de Lanzarote debe
asumir un papel activo.
Así, proponemos
incluir en esa reforma constitucional:
-
Evolución
del modelo territorial profundizando
en la descentralización
política acercándolo
a la simplicidad federal a través
de una nueva distribución
competencial en favor de las
Comunidades Autónomas.
-
Adaptación
del Senado a la realidad del
Estado de las Autonomías.
-
Supresión
de la discriminación
en favor del varón en
la sucesión a la Corona.
-
Establecimiento
de una mayoría cualificada
de tres quintos del Congreso
de los Diputados para autorizar
misiones de las fuerzas Armadas
fuera del territorio español.
-
Adaptación
a la nueva Constitución
Europea.
A lo que añadimos tres
cuestiones relacionadas específicamente
con Canarias:
-
Que
además del hecho
insular (art. 138 CE),
la propia Constitución
reconozca la lejanía
como hecho diferencial
canario (lo que daría
como resultado la ultraperificidad),
como ya lo hacen los
Tratados de la Unión
Europea, y que nos
reconozca nuestra vocación
atlántica y tricontinental.
|
Por su parte, la situación
política, económica
y social de este Siglo XXI admite
nuestro peculiar encaje en la
Constitución, pero para
ello es necesario que se interprete
con flexibilidad la propia Constitución
y el Estatuto de Autonomía
de Canarias dentro del bloque
constitucional.
Por ello, es necesario que,
sin perjuicio de una posible reforma
del texto constitucional, se asuman
cuatro cuestiones fundamentales:
-
Reconocimiento
por los distintos poderes del
Estado y las fuerzas políticas
de que el hecho insular (en
su vertiente de doble insularidad
más la lejanía,
lo que da como resultado la
ultraperificidad) es el hecho
diferencial canario que cualifica
nuestra especificidad de manera
más intensa que cualquier
otro, lo que justifica una relación
bilateral con el Estado.
-
Como
consecuencia de ese hecho
diferencial, la Comunidad
Canaria debe asumir, vía
transferencia o delegación,
competencias que nos permitan
unas relaciones exteriores
propias y específicas
en materias tales como
inmigración, comercio
exterior, y relaciones
con países del
entorno cultural y geográfico
de América y África.
|
-
También
reclamamos competencias en transporte
aéreo, gestión
de puertos y aeropuertos, entre
otras cuestiones, a través,
en su caso, del procedimiento
previsto en el artículo
150.2 de la Constitución.
-
Delimitación
del territorio de la Comunidad
con la inclusión en él
de las aguas archipielágicas.
Defenderemos, por tanto, la
aplicación de un procedimiento
de “líneas de bases
rectas” para definir un
perímetro de nuestro
Archipiélago que dis
tinga las aguas interiores o
interinsulares del mar territorial
y de la zona económica
exclusiva.
-
Participación
directa de Canarias en las delegaciones
españolas ante la Unión
Europea en materias de su interés.
En aplicación de lo dispuesto
en el art. 37.2 de nuestro Estatuto
como forma de intervenir en
determinadas decisiones, como
es el caso de las producciones
agrícolas de tomates
y plátanos, de la misma
forma que otros Estados de la
Unión Europea permiten
la participación, incluso
en el Consejo de Ministros Europeo,
de los representantes de las
regiones europeas vinculando
su posición política
al Estado miembro, como es el
caso de Gran Bretaña
(Escocia, Gales e Irlanda del
Norte), República Federal
Alemana (Länders) o el
Reino de Bélgica (Flandes,
Bruselas y Valonia).
-
El Estatuto
de Autonomía de Canarias
dota al Archipiélago
de amplia autonomía en
importantes materias, por lo
que demandaremos que se complete
el traspaso de todas aquellas
competencias pendientes (en
especial, aquellas relacionadas
con la insularidad: costas,
servicio meteorológico,
vertidos al mar, prospecciones
petrolíferas, salvamento
marítimo, etc.) así
como, en relación con
los Cabildos como órganos
de gobierno, administración
y representación de las
Islas, la reforma de la Ley
Orgánica del régimen
electoral general y la Ley de
Bases de Régimen Local
para que sea el Parlamento de
Canarias quien regule el procedimiento
electoral de los Cabildos, así
como la totalidad de su organización
y funcionamiento convirtiéndolos
definitivamente en los verdaderos
Gobiernos insulares.
Nuevo Estatuto
de Autonomía de Canarias
El disfrute del autogobierno que
propició el Estatuto de Autonomía
de Canarias aprobado en 1982 es
el responsable del vertiginoso progreso
en todos los órdenes (social,
político, económico
y cultural) que ha experimentado
Canarias desde entonces.
En estos casi 30 años de
la España autonómica,
Canarias no ha alcanzado el autogobierno
que se necesita ya que, tanto en
el inicio del proceso con el Estatuto
originario como en la Legislatura
pasada, el Archipiélago ha
quedado fuera de las grandes decisiones
sobre el modelo de Estado por los
intereses partidistas del Gobierno
de España de turno. En efecto,
tanto la UCD-PSOE en 1982 como el
PSOE en 2007 frustraron la posibilidad
de que contáramos con un
nuevo Estatuto y así profundizáramos
en nuestro autogobierno aumentando
los espacios de decisión
y actuación propia.
Por ello, es necesario que las nuevas
Cortes aprueben el nuevo Estatuto
que se promueva desde Canarias y
que culmine con un modelo singular
de integración para los próximos
30 años.
Desde 1996, fecha de la anterior
reforma estatutaria canaria, han
acontecido en los ámbitos
estatal, europeo e internacional
múltiples fenómenos
que han dado lugar a un nuevo contexto
en el que Canarias se debe desenvolver.
La experiencia acumulada en estos
años de autogobierno, la
globalización, la emergencia
de nuevos mercados, los grandes
flujos migratorios o los procesos
de ampliación de la Unión
Europea son sólo algunas
de las circunstancias que
exigen, en todo caso, la actualización
de los instrumentos de gestión
propia previstos en el Estatuto
de Autonomía para favorecer
el progreso del Archipiélago.
El
Estatuto de Autonomía es
la norma fundamental del Archipiélago
que articula el sistema institucional
autonómico, establece el
marco de relaciones con el Estado
a través del ámbito
competencial, y garantiza la defensa
de los intereses del Pueblo canario
y el desarrollo equilibrado de todas
las Islas que lo forman.
Todo ello, justifica sobradamente
que en la pasada Legislatura del
Parlamento de Canarias se haya iniciado
un nuevo proceso de reforma estatutaria
que pretendía introducir
los cambios precisos para modernizar
el régimen de autogobierno
del Archipiélago y aprovechar
su situación geoestratégica
como medio para potenciar el bienestar
y la prosperidad del pueblo canario
y de su entorno africano próximo.
En este nuevo proceso de elaboración
del texto,
CC-PNC-PIL proponen darle una especial
protagonismo a la participación
ciudadana, a las aportaciones y
sugerencias que los canarios y las
canarias realicen a su nueva norma,
de manera que el texto que salga
sea un texto elaborado por todos
y para todos, y atesore el mayor
consenso tanto social como de las
fuerzas políticas representadas
en el Archipiélago.
El nuevo Estatuto debe reconocer
y plasmar nuestros hechos diferenciales,
la lejanía e insularidad
del Archipiélago, lo que
los tratados constitutivos de la
Unión Europea denominan condición
ultraperiférica. En particular:
- 1.
Que se subraye el carácter
histórico de la identidad
canaria, que aluda a las poblaciones
aborígenes hasta nuestros
días pasando por la Europa
del s. XIV, la conquista castellana,
la pertenencia al Estado español
o la integración en la
Unión Europea sin olvidar
las relaciones con América
y África. Además,
debe hacer expresa mención
de las medidas especiales que
se han adoptado a lo largo de
los siglos para mitigar los
efectos
negativos de la insularidad
y la extraordinaria lejanía
de Canarias respecto al continente
europeo.
- 2. La
definición de Canarias
como Archipiélago
Atlántico al que
su identidad singular
le confiere el carácter
de Nacionalidad fundamentada
en sus características
geográficas, históricas
y culturales. Definición
que destaca las especificidades
que debe tener Canarias
en los ámbitos
estatales y europeos.
|
- 3.
Que acentúe la importancia
del carácter
ultraperiférico
del Archipiélago. En
este sentido, el mandato previsto
en los Tratados constitutivos
de la Unión
Europea se extrapola
al ordenamiento estatal a través
del principio
de modulación
previsto en el artículo
2 del nuevo Estatuto de Autonomía,
y que establece el deber
del Estado de adaptar
sus decisiones políticas,
legislativas, reglamentarias,
financieras y presupuestarias
a las características
definitorias de Canarias (insularidad,
lejanía, fragmentación
y orografía del territorio).
- 4. Una
nueva definición
del ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma
en el que se introduzca
expresa y definitivamente
el principio archipielágico
en virtud del cual Canarias
comprenderá el
territorio de las Islas
y los islotes, el mar
que los une y el espacio
aéreo correspondiente,
delimitándose las
aguas interinsulares de
acuerdo con el criterio
de líneas de base
rectas. Además,
la Comunidad Autónoma
ejercerá las competencias
asumidas estatutariamente
en dicho ámbito
territorial.
|
- 5.
La identificación de
los objetivos
básicos de la Comunidad
Autónoma y de
los principios
rectores de la actuación
de los poderes públicos
canarios, entre los que
destaca la adopción de
un modelo de desarrollo
sostenible, unos servicios
públicos básicos
de calidad (educación,
sanidad, vivienda, empleo,
etc.), la
igualdad de género,
una renta
de ciudadanía,
el derecho y el deber a un buen
Gobierno, etc.
- 6. Una
descripción más
pormenorizada de los símbolos
representativos de la Comunidad
Autónoma. Así,
el nuevo Estatuto de Autonomía
debe señalar que Canarias,
además de la bandera
y el escudo,
tiene un himno
propio y que la festividad
del Día de Canarias
se celebra el 30 de mayo. Destaca
que en la descripción
del escudo de la Comunidad desaparece
la referencia a los collares
de los canes que le sirven de
soporte. Respecto al Gobierno,
apostamos por que se faculte
a Canarias para dictar Decretos-Ley
y Decretos Legislativos
y que faculte al Presidente
para disolver
el Parlamento canario de forma
anticipada.
- 7. Nueva
ubicación sistemática
de la regulación de otras
Instituciones de autogobierno
como son el Diputado
del Común, el Consejo
Consultivo, la Audiencia de
Cuentas y el Consejo Económico
y Social.
- 8. Una
mejor definición
de la organización territorial
de la Comunidad Autónoma
que se articula sobre
las islas y los municipios,
con plena autonomía para
la gestión de sus respectivos
intereses y el ejercicio de
sus competencias.
- 9.
Así, el nuevo Estatuto
de Autonomía debe subrayar
la relevancia de los Cabildos
Insulares como órganos
de gobierno, representación
y administración de cada
Isla. Igualmente, debe definir
a los Municipios
como entidades locales básicas
que gozan de personalidad jurídica
y autonomía, así
como establecer con claridad
las competencias propias
tanto para Cabildos como para
Ayuntamientos.
- 10.
Una nueva
organización judicial
autonómica en
la que el Tribunal Superior
de Justicia de Canarias sería
la última
instancia jurisdiccional
de acuerdo con la Ley Orgánica
del Poder Judicial.
- 11.
Además, en la
nueva organización judicial
de Canarias aparece la figura
del Consejo
de Justicia de Canarias,
órgano del Poder Judicial
en Canarias que actúa
como órgano desconcentrado
del Consejo General del Poder
Judicial.
- 12.
Asimismo, en el ámbito
de la Administración
de Justicia, el nuevo Estatuto
de Autonomía debe prever
expresamente que las características
geográficas, la densidad
de población y la cercanía
a municipios de especial actividad
turística son factores
que incidirán en la delimitación
de las
demarcaciones territoriales
de los órganos judiciales,
las notarías y los registros
públicos.
- 13.
En el plano competencial, por
un lado, seguiremos defendiendo
que se atribuya a la Comunidad
Autónoma nuevas
competencias sobre materias
de gran interés para
el futuro del Archipiélago
(extranjería,
prospecciones petrolíferas,
gestión de puertos y
aeropuertos, transporte aéreo
interinsular, mercado audiovisual,
costas, seguridad, competencias
relacionadas con la acción
exterior del Archipiélago,
etc.) y, por otro, el nuevo
Estatuto debe establecer una
nueva metodología
en la distribución de
competencias que corrija
los problemas que tradicionalmente
se han originado entre el Estado
y la Comunidad Autónoma
en la interpretación
del alcance de sus títulos
competenciales.
- 14. Junto
con lo anterior, el nuevo Estatuto
de Autonomía debe ofrecer
una descripción actualizada
del contenido del Régimen
Económico y Fiscal
de Canarias, relacionándola
con la Unión Europea
e incorporando mecanismos
de financiación
que garanticen la inversión
estatal. Además, asegura
que las instituciones centrales
del Estado no puedan modificar
unilateralmente dicha institución
económico-fiscal sin
el informe
obstativo que debe emitir
el Parlamento de Canarias.
- 15.
Seguiremos proponiendo la existencia
de una Agencia
Tributaria de Canarias
que asumirá la gestión,
recaudación, liquidación
e inspección de los tributos
propios de la Comunidad Autónoma,
de los tributos derivados del
Régimen Económico
y Fiscal de Canarias, y de los
tributos cedidos por el Estado,
así como los propios
del Estado.
- 16.
Finalmente, el nuevo Estatuto
de Autonomía debe prever
un referéndum
autonómico como requisito
de validez de las futuras reformas
estatutarias a través
del que el Pueblo canario se
pronuncie directamente sobre
su grado de autogobierno. Asimismo,
el nuevo Estatuto también
debe prever un procedimiento
de reforma abreviado
cuando las eventuales reformas
sólo afectaran a las
Instituciones propias.
Consolidación
de la cultura democrática
Defendemos que la actividad
política debe estar al
servicio colectivo de la población
y fundarse en principios de honestidad,
transparencia y competencia en
el ejercicio de la actividad pública.
La recuperación de la
dignidad de la política
exige un compromiso de las fuerzas
democráticas centrado en
considerar la ética política
una auténtica cuestión
de Estado, alejada de la competencia
partidaria y de la utilización
de la justicia y de las instituciones
públicas en general como
elemento de confrontación.
Propondremos
y apoyaremos todas aquellas acciones
que vayan dirigidas a:
- Hacer transparentes y regular
los procedimientos de financiación
de los partidos políticos
que deben estar sujetos a control
públicos.
- Mejorar la legislación
en materia de incompatibilidades
de los cargos públicos.
- Denunciar el transfuguismo
como una utilización
abusiva de la voluntad de los
electores y promover un pacto
entre las fuerzas democráticas
para erradicar esta práctica
de la vida política.
- Fomentar la participación
política e igualdad social
de las minorías y los
colectivos más desfavorecidos.
- Hacer de los órganos
parlamentarios el auténtico
centro de la vida política,
para hacer efectivo el control
de la actividad del Gobierno.
2. UNA SANIDAD
DE CALIDAD
El Sistema Sanitario
público en Canarias y en
España ha evolucionado
hacia un Sistema Estatal de Salud
que ofrece una de las carteras
de servicio más amplias
de Europa.
Coalición
Canaria-Partido Nacionalista Canario-Partido
de Independientes de Lanzarote,
tras el proceso de transferencias
sanitarias, ha incrementado los
presupuestos dedicados a Sanidad
para hacer frente al abandono
que los partidos centralistas
han sometido al sistema sanitario
en Canarias. Para ello,
se ha invertido en la creación
y ampliación de infraestructuras
hospitalarias y centros de salud,
lo que ha mejorado notablemente
la cobertura sanitaria y aumentado
las prestaciones. Del mismo modo,
se han incrementado las plantillas
de profesionales y sus retribuciones.
Sin embargo,
son cada vez más evidentes
los desajustes del Sistema Nacional
de Salud causados por la evolución
demográfica y el constante
crecimiento de la demanda y de
la expectativa de los usuarios,
la incorporación de nuevas
tecnologías cada vez más
costosas, el crecimiento de las
prestaciones, y la negativa del
Gobierno de España en la
actualización de la financiación
sanitaria y en la puesta en marcha
de medidas urgentes que den respuesta
a la escasez de profesionales
sanitarios. Todos estos elementos
ponen en peligro la accesibilidad
y la calidad global del Sistema
Nacional de Salud y del Sistema
Sanitario Canario, en particular.
Exigir el pago
inmediato de la deuda histórica
en materia sanitaria con Canarias,
cifrado en 823 millones de euros.
Coalición
Canaria viene planteando desde
hace más de dos legislaturas,
tanto con los gobierno del PP
como con el del PSOE, la necesidad
de fraguar un Pacto Social por
la Sanidad que dé estabilidad
y respuesta a la Financiación
y Sostenibilidad del Sistema Sanitario.
Por ello, Coalición
Canaria-Partido Nacionalista Canario-Partido
de Independientes de Lanzarote
asume las propuestas del Comité
de Expertos sobre Financiación
y Sostenibilidad del Sistema Canario
de la Salud, creado en diciembre
de 2004, y el documento del PACTO
SOCIAL POR LA SANIDAD firmado
por los agentes sociales en mayo
del 2006. En este sentido propone,
tanto en el ámbito de las
Cortes Generales como al próximo
Gobierno del Estado y al
Parlamento de Canarias, el desarrollar
un PACTO DE ESTADO POR LA SANIDAD
en el que se establezcan los acuerdos
necesarios que aseguren la financiación
sanitaria suficiente, la cohesión
y la gobernabilidad del Sistema
Nacional de Salud reforzando el
papel del Consejo Interterritorial
como órgano de cooperación
entre la Administración
General del Estado y la Administración
de las Comunidades Autónomas,
debiendo asimilar su funcionamiento
al de las Conferencias Sectoriales,
que tienen mayor capacidad de
decisión y de corresponsabilidad.
En dicho Pacto deben contemplarse,
entre otras, respuesta a los siguientes
problemas:
Actualización
y adecuación del sistema
de financiación sanitaria
-
Incrementar
en los Presupuesto Generales
del Estado las partidas dedicadas
a Sanidad. No permitiremos
que el Gobierno de España
haga unos presupuestos con
superávit mientras
el Sistema Sanitario necesita
una mayor inversión.
España es de los países
europeos con menor inversión
pública sanitaria, |
