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INTRODUCCIÓN

La Legislatura del Estado 2004-2008 ha sido una de las más duras de la reciente etapa democrática española. Marcada en su origen por el atentado terrorista más grave de la historia de España , el del 11-M, su desarrollo ha roto el espíritu de los grandes acuerdos de la transición y no se han pactado entre los partidos centralistas -PSOE y PP- políticas que, generalmente, han sido objeto de acuerdo como la política exterior, la lucha contra el terrorismo o las de inmigración y extranjería, así como los ya urgentes y necesarios acuerdos, como ha sucedido en otros países europeos, en relación al futuro de los sistemas educativos y sanitarios.

La primera parte de esa legislatura estuvo marcada por un Partido Popular muy condicionado en sus duras acciones de oposición por su inesperada salida del Gobierno. La segunda -especialmente el último año- por el sectarismo en la acción del Gobierno socialista. Así, el PSOE ha practicado una política autonómica basada en su interés político de partido favoreciendo a unas Comunidades Autónomas frente a otras, lo que ha resultado especialmente grave para Canarias, que ha visto frustradas sus aspiraciones de más autogobierno con el bloqueo que el PSOE realizó a la propuesta de nuevo ESTATUTO para Canarias. A esto hay que añadir que Canarias, en la legislatura terminada, ha estado recibiendo una financiación por parte del Gobierno de España, tanto para los servicios esenciales como para el desarrollo de infraestructuras, inferior a la que nos corresponde por población, lo que la sitúa por debajo de la media que reciben las restantes comunidades autónomas del Estado, a lo que se ha de sumar el gran fracaso y los numerosos errores de Zapatero y de su Gobierno en el tratamiento de la inmigración irregular y en materia antiterrorista.

Además, el Gobierno de Zapatero no ha sabido reconducir los fracasos en política exterior de la última etapa del Gobierno de Aznar, lo que ha significado una pérdida de protagonismo y credibilidad de España en lo referente a políticas europeas y a su posición internacional.

Las mejoras superficiales en las políticas sociales, sin compromiso presupuestario y con un falso debate de confrontación ideológica con el PP, ocultan la ausencia de propuestas para modernizar y mejorar los servicios públicos hasta tal punto que, incluso, se han producido retrocesos en la cohesión de los sistemas educativo y sanitario de España.

El PP y el PSOE han centrado el debate político y su actuación en las instituciones en el enfrentamiento partidista y se han olvidado de que el principal objetivo de la acción política es contribuir a resolver los problemas de los ciudadanos.

Las posiciones extremas de los dos partidos estatales, la ausencia de posiciones moderadas para buscar el consenso para afrontar los principales problemas del Estado y de los ciudadanos es el resumen de la legislatura terminada.

Finalmente, en una huída hacia delante, ha habido una falta de previsión y ninguna medida para afrontar un nuevo período de enfriamiento económico que, aunque de origen financiero, está ocasionando ya importantes repercusiones en las economías domésticas, con pérdida de poder adquisitivo para las clases medias y bajas. Esa tendencia con la que el PSOE cierra la legislatura resulta especialmente grave para una economía de servicios como la canaria, con medias salariales más bajas, y en la que las tendencias inflacionistas y el paro producen efectos más rápidamente. Como ejemplo, en los últimos días del Gobierno de Zapatero estamos viendo que, mientras más aumenta la preocupación ciudadana por estos asuntos, más aumenta la competición entre el PP y el PSOE por ofertar de forma improvisada más rebajas fiscales.

Paralelamente, las Elecciones Autonómicas de 2007 dibujaron un panorama político en el Archipiélago que exigió acuerdos para la gobernabilidad desde CC y con el PP para garantizar la solidez de la acción del Gobierno de Canarias sobre una alianza programática durante el periodo 2007-2011. La estrategia del PSOE ha sido el ataque indiscriminado al nacionalismo responsable y solidario que CC-PNC-PIL representa, la ruptura de la unidad de Canarias como táctica, y el pacto con los tránsfugas intentando debilitar con ello las posiciones de fuerza que puede darle a Canarias en la próxima legislatura una coalición nacionalista con peso.

No obstante, la actividad de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-Partido de Independientes de Lanzarote en las Cortes Generales se realizará con el objetivo de que los canarios y canarias sigan teniendo voz propia en Madrid, incidirá en la defensa de nuestras singularidades como territorio ultraperiférico de la Unión Europea, en la necesidad de que en España se reconozca nuestro estatuto especial y de que las políticas legislativas, financieras y presupuestarias del Estado se adapten al mismo. Nuestra contribución a las políticas del Gobierno de España se realizará desde la responsabilidad pero estará supeditada a esos objetivos y al respeto a la acción de la Comunidad Autónoma de Canarias en su ámbito de autogobierno. Se trata de actualizar y fortalecer con nuestra presencia en las Cortes Generales la bilateralidad en la relación Canarias–Estado.

La acción de CC-PNC-PIL en Madrid, en el Congreso y en el Senado, se conforma sobre esos principios y nuestro programa, en la contribución que desde ese ámbito podamos realizar para lo que hemos llamado “La segunda modernización de Canarias”. Nuestro compromiso con las políticas de Estado se producirá en la medida que respeten ese objetivo y, en general, con las iniciativas que generen progreso y hagan efectivos los principios de libertad e igualdad. No debemos olvidar que en las próximas elecciones de marzo, Canarias no vota a los que quieren ser presidentes de España, vota por quienes desde Canarias van a defender sus intereses en Madrid.

Los nuevos objetivos y retos que Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-Partido de Independientes de Lanzarote proponen para Canarias para el periodo 2008-2012 son posibles gracias al fruto de la acción de CC en todas las instituciones desde 1993, con la que se ha logrado que la transformación y el avance del Archipiélago hayan sido extraordinarios.

El período 93-2000 constituyó un ciclo de expansión y crecimiento en un tiempo en el que el nivel de renta de los canarios estaba por debajo del 75% de la renta media europea. La consolidación en el Tratado de la Unión del Estatuto de Región Ultraperiférica en tiempos del Presidente Manuel Hermoso (1997) representó una consagración de nuestro futuro no sólo en el plano económico sino político.

El período 2000-2007 ha sido el de fortalecimiento económico y la modernización. Con importantes avances en las infraestructuras públicas y en el transporte, y con significativas inversiones de modernización en materia educativa y sanitaria, se optó por un modelo de límites al crecimiento para evitar daños irreparables al territorio y al medio ambiente a través de las Directrices y de la Moratoria turística. No obstante, los crecimientos poblacionales intensos, fundados en gran parte en inmigración irregular, han producido desajustes en el funcionamiento de los servicios públicos.

Con la confianza de nuestra gente hemos iniciado la segunda etapa de modernización de Canarias (2007-2020) que abarca los dos nuevos ciclos de la programación financiera europea. Se trata de un período en el que Canarias debe cobrar un protagonismo especial en la Región atlántica de la que forma parte, con un estatuto especial en España y como espacio europeo en un territorio geográficamente no europeo, lo que la convierte en una auténtica plataforma de Europa hacia África. Sólo la coalición nacionalista formada por CC-PNC-PIL y las agrupaciones unidas en Gran Canaria están en condiciones de liderar ese nuevo período de identidad y de desarrollo social y económico porque representamos a Canarias sin ataduras, sin dependencia de estructuras centrales que deciden desde Madrid, y que impiden y recelan de esa posición líder y autónoma.

Tenemos que converger con los pueblos más avanzados de Europa preparando a Canarias para ser más competitiva en un mundo cada vez más globalizado. Tenemos que conseguir que se garantice el pleno empleo, que se nos permita el despegue industrial y se asiente nuestra posición como plataforma de servicios y cooperación con África, con especial atención a la innovación turística.
Para ello, es esencial que, una vez reformulado el tratado constitucional europeo, que mantiene el mismo tratamiento previsto para las regiones ultraperiféricas, contribuyamos al desarrollo de ese estatus, de ahí la importancia de seguir siendo la voz de Canarias en Madrid. La segunda modernización de Canarias será la garantía de la cohesión social y territorial, manteniendo y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos de Canarias, un único pueblo asentado en siete islas que, con su mar, constituyen un archipiélago. Una tierra única en la que los ciudadanos y ciudadanas tengan los
mismos derechos y oportunidades donde quiera que residan.

La acción política que en el Congreso y en el Senado realizaremos para contribuir desde el Estado a la segunda modernización de Canarias la haremos posible cumpliendo los siguientes OBJETIVOS:

 

1. MODELO DE ESTADO Y NUEVO ESTATUTO DE AUTONOMÍA

Es imprescindible para mejorar la calidad de vida de los canarios que los hechos diferenciales específicos de Canarias, insularidad, fragmentación y lejanía, además de los comunes con otras nacionalidades (cultura y máximas cotas de autogobierno), nos permitan mantener una posición ventajosa, pese a las resistencias de las formaciones políticas centralistas que, como ha sucedido a lo largo de los siglos, siguen sin asumir definitivamente la necesidad de atender
adecuadamente esas especificidades canarias.

Para ello, para que se atiendan nuestras singularidades, no sólo es imprescindible conservar sino aumentar el poder político, el apoyo electoral, tanto en el ámbito canario como en el estatal (manteniendo la condición de voz de Canarias en Madrid a través de los Grupos Parlamentarios en el Congreso y en el Senado), lo que nos permitirá contribuir a la gobernabilidad de las distintas instituciones estatales desde la responsabilidad pero condicionada al respeto a nuestras singularidades como territorio ultraperiférico de la Unión Europea, a nuestro estatuto especial en España y a que las políticas legislativas, financieras y presupuestarias del Estado se adapten a nuestras singularidades.

Hemos desarrollado un proyecto político netamente canario que a lo largo de estos años se ha demostrado eficaz para nuestros municipios y cabildos, y que ha contribuido a afianzar los cimientos de la construcción archipielágica de Canarias desde el equilibrio y la solidaridad. Ese mismo proyecto propugna un Estado plural que reconozca su diversidad territorial y defienda la lejanía e insularidad como hecho diferencial específico. Trabajamos también para que la integración europea se realice contemplando no sólo las realidades estatales sino desde el respeto a la Europa de los Pueblos y a nuestra consideración como frontera sur de Europa.

Una vez que la Constitución de 1978 ha cumplido su objetivo mediante la fórmula constitucional, que consagraba más que otra cuestión el compromiso a medio camino entre las reivindicaciones de la ciudadanía activa y la lucha antifranquista, hoy, ante las exigencias de los diferentes territorios que conforman el Estado español, considerando a éste desde el punto de vista político-sociológico como Estado Plurinacional, se hace necesario un proceso político que bien pudiera denominarse 2ª Transición, que abarque un Modelo de Estado avanzado y más acorde con las exigencias territoriales para garantizar una mejor relación entre Estado y las diversas Naciones que la conforman.

Ese modelo debe resolver, entre otros, el problema de la integración de los hechos diferenciales, configurando de manera definitiva un esquema asimétrico en el que la lejanía y la insularidad constituyan el hecho diferencial natural que determine la relación con el Estado derivada de nuestra historia como Pueblo durante más de cinco siglos y del secular pacto con la Corona que configuró el régimen económico librecambista y fiscal diferenciado (el REF).

Sin perjuicio de nuestra concepción solidaria con otros pueblos de España, desde CC-PNC-PIL propugnamos la necesidad de profundizar en esa relación bilateral entre Canarias y el Estado que definitivamente fije el modelo de relación e integración en la España plural.

La posición política de CC-PNC-PIL en la gobernabilidad del Estado ha posibilitado esa relación pero, lejos de cualquier coyuntura política, esa relación debe fundarse en su diferencia y singularidad frente al conjunto de las Comunidades Autónomas continentales, incluidas las denominadas históricas.

La defensa de una BILATERALIDAD exige que reforcemos nuestra acción política para garantizar voz canaria en Madrid, a través de los Grupos Parlamentarios de CC-PNC-PIL en el Congreso de los Diputados y en el Senado, con los que poder condicionar la acción de los gobiernos de turno para poder aumentar los espacios de decisión propia de los canarios (mayores cotas de autogobierno) y que en los asuntos que deban decidir los órganos estatales se tenga en cuenta nuestras especificidades (principio de modulación).

Lógicamente, no pretendemos desde Canarias gobernar España en solitario pero sí contribuir decisivamente, desde ese moderno nacionalismo y con la experiencia acumulada en los últimos años, a su gobernabilidad introduciendo moderación en el debate polarizado en los dos grandes partidos estatales aportando una visión asimétrica pero solidaria de la articulación territorial del Estado español, y de progreso en las políticas de desarrollo y sostenibilidad del bienestar de los ciudadanos.

La posición ventajosa de CC-PNC-PIL en su relación con los partidos que han ocupado el Gobierno de España ha hecho posible que nuestras aportaciones hayan sido claves para que proyectos como la reforma laboral o la educativa se aprobaran con enmiendas constructivas, como también ha hecho posible la aprobación de otras normas hechas específicamente para Canarias. Tanto ha sido así, que las aportaciones de CC-PNC-PIL han cambiado sustantivamente muchos planteamientos restrictivos y limitadores formulados inicialmente.

La meta que debe marcarse el nacionalismo de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-Partido de Independientes de Lanzarote debe dirigirse hacia el logro de un objetivo concreto que es la cimentación de Canarias como Nación para paulatinamente irse consolidando y desarrollar los recursos jurídicos-administrativos-financieros necesarios para tal fin.

Por un Estado Plurinacional

Tras 25 años de vigencia del actual modelo constitucional, creemos que ha llegado el momento de acometer las reformas institucionales necesarias para acabar de construir el Estado de las Autonomías en el que las nacionalidades y regiones que componen el Estado colaboren entre sí y con las instancias centrales, y se reconozcan y desarrollen los distintos hechos diferenciales.

En ese marco, Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-Partido de Independientes de Lanzarote, implicados como están en la construcción de un auténtico Estado Plurinacional, proponen:

  • Una reforma del Senado que lo convierta en una auténtica y útil cámara de representación territorial de corte federal con funciones propias y exclusivas sobre las cuestiones autonómicas (Estatutos de Autonomía, leyes básicas, financiación, solidaridad interterritorial, etc.), y donde las Comunidades Autónomas estén representadas en exclusiva.
  • Una profundización del autogobierno de las Comunidades Autónomas propugnando una evolución hacia un modelo asimétrico de estructura federal, defensor de la solidaridad entre comunidades pero también diferente en razón de las peculiaridades de cada territorio.

Para ello, es conveniente plantearse, por los cauces democráticos previstos en ella, una modificación de la Constitución en la que Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-Partido de Independientes de Lanzarote debe asumir un papel activo.

Así, proponemos incluir en esa reforma constitucional:

  • Evolución del modelo territorial profundizando en la descentralización política acercándolo a la simplicidad federal a través de una nueva distribución competencial en favor de las Comunidades Autónomas.
  • Adaptación del Senado a la realidad del Estado de las Autonomías.
  • Supresión de la discriminación en favor del varón en la sucesión a la Corona.
  • Establecimiento de una mayoría cualificada de tres quintos del Congreso de los Diputados para autorizar misiones de las fuerzas Armadas fuera del territorio español.
  • Adaptación a la nueva Constitución Europea.

A lo que añadimos tres cuestiones relacionadas específicamente con Canarias:

  • Que la propia Constitución contenga la delimitación de las aguas archipielágicas, lo que resolvería cualquier duda en relación con el Derecho Internacional.

  • Que la Constitución establezca el efecto obstativo del Informe preceptivo del Parlamento de Canarias en las modificaciones estatales del REF.

  • Que además del hecho insular (art. 138 CE), la propia Constitución reconozca la lejanía como hecho diferencial canario (lo que daría como resultado la ultraperificidad), como ya lo hacen los Tratados de la Unión Europea, y que nos
    reconozca nuestra vocación atlántica y tricontinental.

Por su parte, la situación política, económica y social de este Siglo XXI admite nuestro peculiar encaje en la Constitución, pero para ello es necesario que se interprete con flexibilidad la propia Constitución y el Estatuto de Autonomía de Canarias dentro del bloque constitucional.

Por ello, es necesario que, sin perjuicio de una posible reforma del texto constitucional, se asuman cuatro cuestiones fundamentales:

  • Reconocimiento por los distintos poderes del Estado y las fuerzas políticas de que el hecho insular (en su vertiente de doble insularidad más la lejanía, lo que da como resultado la ultraperificidad) es el hecho diferencial canario que cualifica nuestra especificidad de manera más intensa que cualquier otro, lo que justifica una relación bilateral con el Estado.
  • Como consecuencia de ese hecho diferencial, la Comunidad Canaria debe asumir, vía transferencia o delegación, competencias que nos permitan unas relaciones exteriores propias y específicas en materias tales como inmigración, comercio exterior, y relaciones con países del entorno cultural y geográfico de América y África.
  • También reclamamos competencias en transporte aéreo, gestión de puertos y aeropuertos, entre otras cuestiones, a través, en su caso, del procedimiento previsto en el artículo 150.2 de la Constitución.
  • Delimitación del territorio de la Comunidad con la inclusión en él de las aguas archipielágicas. Defenderemos, por tanto, la aplicación de un procedimiento de “líneas de bases rectas” para definir un perímetro de nuestro Archipiélago que dis tinga las aguas interiores o interinsulares del mar territorial y de la zona económica exclusiva.
  • Participación directa de Canarias en las delegaciones españolas ante la Unión Europea en materias de su interés. En aplicación de lo dispuesto en el art. 37.2 de nuestro Estatuto como forma de intervenir en determinadas decisiones, como es el caso de las producciones agrícolas de tomates y plátanos, de la misma forma que otros Estados de la Unión Europea permiten la participación, incluso en el Consejo de Ministros Europeo, de los representantes de las regiones europeas vinculando su posición política al Estado miembro, como es el caso de Gran Bretaña (Escocia, Gales e Irlanda del Norte), República Federal Alemana (Länders) o el Reino de Bélgica (Flandes, Bruselas y Valonia).
  • El Estatuto de Autonomía de Canarias dota al Archipiélago de amplia autonomía en importantes materias, por lo que demandaremos que se complete el traspaso de todas aquellas competencias pendientes (en especial, aquellas relacionadas con la insularidad: costas, servicio meteorológico, vertidos al mar, prospecciones petrolíferas, salvamento
    marítimo, etc.) así como, en relación con los Cabildos como órganos de gobierno, administración y representación de las Islas, la reforma de la Ley Orgánica del régimen electoral general y la Ley de Bases de Régimen Local para que sea el Parlamento de Canarias quien regule el procedimiento electoral de los Cabildos, así como la totalidad de su organización y funcionamiento convirtiéndolos definitivamente en los verdaderos Gobiernos insulares.

Nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias

El disfrute del autogobierno que propició el Estatuto de Autonomía de Canarias aprobado en 1982 es el responsable del vertiginoso progreso en todos los órdenes (social, político, económico y cultural) que ha experimentado Canarias desde entonces.

En estos casi 30 años de la España autonómica, Canarias no ha alcanzado el autogobierno que se necesita ya que, tanto en el inicio del proceso con el Estatuto originario como en la Legislatura pasada, el Archipiélago ha quedado fuera de las grandes decisiones sobre el modelo de Estado por los intereses partidistas del Gobierno de España de turno. En efecto, tanto la UCD-PSOE en 1982 como el PSOE en 2007 frustraron la posibilidad de que contáramos con un nuevo Estatuto y así profundizáramos en nuestro autogobierno aumentando los espacios de decisión y actuación propia.

Por ello, es necesario que las nuevas Cortes aprueben el nuevo Estatuto que se promueva desde Canarias y que culmine con un modelo singular de integración para los próximos 30 años.

Desde 1996, fecha de la anterior reforma estatutaria canaria, han acontecido en los ámbitos estatal, europeo e internacional múltiples fenómenos que han dado lugar a un nuevo contexto en el que Canarias se debe desenvolver. La experiencia acumulada en estos años de autogobierno, la globalización, la emergencia de nuevos mercados, los grandes flujos migratorios o los procesos de ampliación de la Unión Europea son sólo algunas de las circunstancias que
exigen, en todo caso, la actualización de los instrumentos de gestión propia previstos en el Estatuto de Autonomía para favorecer el progreso del Archipiélago.

El Estatuto de Autonomía es la norma fundamental del Archipiélago que articula el sistema institucional autonómico, establece el marco de relaciones con el Estado a través del ámbito competencial, y garantiza la defensa de los intereses del Pueblo canario y el desarrollo equilibrado de todas las Islas que lo forman.
Todo ello, justifica sobradamente que en la pasada Legislatura del Parlamento de Canarias se haya iniciado un nuevo proceso de reforma estatutaria que pretendía introducir los cambios precisos para modernizar el régimen de autogobierno del Archipiélago y aprovechar su situación geoestratégica como medio para potenciar el bienestar y la prosperidad del pueblo canario y de su entorno africano próximo. En este nuevo proceso de elaboración del texto,
CC-PNC-PIL proponen darle una especial protagonismo a la participación ciudadana, a las aportaciones y sugerencias que los canarios y las canarias realicen a su nueva norma, de manera que el texto que salga sea un texto elaborado por todos y para todos, y atesore el mayor consenso tanto social como de las fuerzas políticas representadas en el Archipiélago.

El nuevo Estatuto debe reconocer y plasmar nuestros hechos diferenciales, la lejanía e insularidad del Archipiélago, lo que los tratados constitutivos de la Unión Europea denominan condición ultraperiférica. En particular:

  • 1. Que se subraye el carácter histórico de la identidad canaria, que aluda a las poblaciones aborígenes hasta nuestros días pasando por la Europa del s. XIV, la conquista castellana, la pertenencia al Estado español o la integración en la Unión Europea sin olvidar las relaciones con América y África. Además, debe hacer expresa mención de las medidas especiales que se han adoptado a lo largo de los siglos para mitigar los efectos negativos de la insularidad y la extraordinaria lejanía de Canarias respecto al continente europeo.
  • 2. La definición de Canarias como Archipiélago Atlántico al que su identidad singular le confiere el carácter de Nacionalidad fundamentada en sus características geográficas, históricas y culturales. Definición que destaca las especificidades que debe tener Canarias en los ámbitos estatales y europeos.
  • 3. Que acentúe la importancia del carácter ultraperiférico del Archipiélago. En este sentido, el mandato previsto en los Tratados constitutivos de la Unión Europea se extrapola al ordenamiento estatal a través del principio de modulación previsto en el artículo 2 del nuevo Estatuto de Autonomía, y que establece el deber del Estado de adaptar sus decisiones políticas, legislativas, reglamentarias, financieras y presupuestarias a las características definitorias de Canarias (insularidad, lejanía, fragmentación y orografía del territorio).
  • 4. Una nueva definición del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma en el que se introduzca expresa y definitivamente el principio archipielágico en virtud del cual Canarias comprenderá el territorio de las Islas y los islotes, el mar que los une y el espacio aéreo correspondiente, delimitándose las aguas interinsulares de acuerdo con el criterio de líneas de base rectas. Además, la Comunidad Autónoma ejercerá las competencias asumidas estatutariamente en dicho ámbito territorial.
  • 5. La identificación de los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma y de los principios rectores de la actuación de los poderes públicos canarios, entre los que destaca la adopción de un modelo de desarrollo sostenible, unos servicios públicos básicos de calidad (educación, sanidad, vivienda, empleo, etc.), la igualdad de género, una renta de ciudadanía, el derecho y el deber a un buen Gobierno, etc.
  • 6. Una descripción más pormenorizada de los símbolos representativos de la Comunidad Autónoma. Así, el nuevo Estatuto de Autonomía debe señalar que Canarias, además de la bandera y el escudo, tiene un himno propio y que la festividad del Día de Canarias se celebra el 30 de mayo. Destaca que en la descripción del escudo de la Comunidad desaparece la referencia a los collares de los canes que le sirven de soporte. Respecto al Gobierno, apostamos por que se faculte a Canarias para dictar Decretos-Ley y Decretos Legislativos y que faculte al Presidente para disolver el Parlamento canario de forma anticipada.
  • 7. Nueva ubicación sistemática de la regulación de otras Instituciones de autogobierno como son el Diputado del Común, el Consejo Consultivo, la Audiencia de Cuentas y el Consejo Económico y Social.
  • 8. Una mejor definición de la organización territorial de la Comunidad Autónoma que se articula sobre las islas y los municipios, con plena autonomía para la gestión de sus respectivos intereses y el ejercicio de sus competencias.
  • 9. Así, el nuevo Estatuto de Autonomía debe subrayar la relevancia de los Cabildos Insulares como órganos de gobierno, representación y administración de cada Isla. Igualmente, debe definir a los Municipios como entidades locales básicas que gozan de personalidad jurídica y autonomía, así como establecer con claridad las competencias propias
    tanto para Cabildos como para Ayuntamientos.
  • 10. Una nueva organización judicial autonómica en la que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias sería la última instancia jurisdiccional de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial.
  • 11. Además, en la nueva organización judicial de Canarias aparece la figura del Consejo de Justicia de Canarias, órgano del Poder Judicial en Canarias que actúa como órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial.
  • 12. Asimismo, en el ámbito de la Administración de Justicia, el nuevo Estatuto de Autonomía debe prever expresamente que las características geográficas, la densidad de población y la cercanía a municipios de especial actividad turística son factores que incidirán en la delimitación de las demarcaciones territoriales de los órganos judiciales, las notarías y los registros públicos.
  • 13. En el plano competencial, por un lado, seguiremos defendiendo que se atribuya a la Comunidad Autónoma nuevas competencias sobre materias de gran interés para el futuro del Archipiélago (extranjería, prospecciones petrolíferas, gestión de puertos y aeropuertos, transporte aéreo interinsular, mercado audiovisual, costas, seguridad, competencias relacionadas con la acción exterior del Archipiélago, etc.) y, por otro, el nuevo Estatuto debe establecer una nueva metodología en la distribución de competencias que corrija los problemas que tradicionalmente se han originado entre el Estado y la Comunidad Autónoma en la interpretación del alcance de sus títulos competenciales.
  • 14. Junto con lo anterior, el nuevo Estatuto de Autonomía debe ofrecer una descripción actualizada del contenido del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, relacionándola con la Unión Europea e incorporando mecanismos de financiación que garanticen la inversión estatal. Además, asegura que las instituciones centrales del Estado no puedan modificar unilateralmente dicha institución económico-fiscal sin el informe obstativo que debe emitir el Parlamento de Canarias.
  • 15. Seguiremos proponiendo la existencia de una Agencia Tributaria de Canarias que asumirá la gestión, recaudación, liquidación e inspección de los tributos propios de la Comunidad Autónoma, de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y de los tributos cedidos por el Estado, así como los propios del Estado.
  • 16. Finalmente, el nuevo Estatuto de Autonomía debe prever un referéndum autonómico como requisito de validez de las futuras reformas estatutarias a través del que el Pueblo canario se pronuncie directamente sobre su grado de autogobierno. Asimismo, el nuevo Estatuto también debe prever un procedimiento de reforma abreviado cuando las eventuales reformas sólo afectaran a las Instituciones propias.

Consolidación de la cultura democrática

Defendemos que la actividad política debe estar al servicio colectivo de la población y fundarse en principios de honestidad, transparencia y competencia en el ejercicio de la actividad pública.

La recuperación de la dignidad de la política exige un compromiso de las fuerzas democráticas centrado en considerar la ética política una auténtica cuestión de Estado, alejada de la competencia partidaria y de la utilización de la justicia y de las instituciones públicas en general como elemento de confrontación.

Propondremos y apoyaremos todas aquellas acciones que vayan dirigidas a:

  • Hacer transparentes y regular los procedimientos de financiación de los partidos políticos que deben estar sujetos a control públicos.
  • Mejorar la legislación en materia de incompatibilidades de los cargos públicos.
  • Denunciar el transfuguismo como una utilización abusiva de la voluntad de los electores y promover un pacto entre las fuerzas democráticas para erradicar esta práctica de la vida política.
  • Fomentar la participación política e igualdad social de las minorías y los colectivos más desfavorecidos.
  • Hacer de los órganos parlamentarios el auténtico centro de la vida política, para hacer efectivo el control de la actividad del Gobierno.

 

 

 

2. UNA SANIDAD DE CALIDAD

El Sistema Sanitario público en Canarias y en España ha evolucionado hacia un Sistema Estatal de Salud que ofrece una de las carteras de servicio más amplias de Europa.

Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-Partido de Independientes de Lanzarote, tras el proceso de transferencias sanitarias, ha incrementado los presupuestos dedicados a Sanidad para hacer frente al abandono que los partidos centralistas han sometido al sistema sanitario en Canarias. Para ello, se ha invertido en la creación y ampliación de infraestructuras hospitalarias y centros de salud, lo que ha mejorado notablemente la cobertura sanitaria y aumentado las prestaciones. Del mismo modo, se han incrementado las plantillas de profesionales y sus retribuciones.

Sin embargo, son cada vez más evidentes los desajustes del Sistema Nacional de Salud causados por la evolución demográfica y el constante crecimiento de la demanda y de la expectativa de los usuarios, la incorporación de nuevas tecnologías cada vez más costosas, el crecimiento de las prestaciones, y la negativa del Gobierno de España en la actualización de la financiación sanitaria y en la puesta en marcha de medidas urgentes que den respuesta a la escasez de profesionales sanitarios. Todos estos elementos ponen en peligro la accesibilidad y la calidad global del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Canario, en particular.

Exigir el pago inmediato de la deuda histórica en materia sanitaria con Canarias, cifrado en 823 millones de euros.

Coalición Canaria viene planteando desde hace más de dos legislaturas, tanto con los gobierno del PP como con el del PSOE, la necesidad de fraguar un Pacto Social por la Sanidad que dé estabilidad y respuesta a la Financiación y Sostenibilidad del Sistema Sanitario.

Por ello, Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-Partido de Independientes de Lanzarote asume las propuestas del Comité de Expertos sobre Financiación y Sostenibilidad del Sistema Canario de la Salud, creado en diciembre de 2004, y el documento del PACTO SOCIAL POR LA SANIDAD firmado por los agentes sociales en mayo del 2006. En este sentido propone, tanto en el ámbito de las Cortes Generales como al próximo Gobierno del Estado y al Parlamento de Canarias, el desarrollar un PACTO DE ESTADO POR LA SANIDAD en el que se establezcan los acuerdos necesarios que aseguren la financiación sanitaria suficiente, la cohesión y la gobernabilidad del Sistema Nacional de Salud reforzando el papel del Consejo Interterritorial como órgano de cooperación entre la Administración General del Estado y la Administración de las Comunidades Autónomas, debiendo asimilar su funcionamiento al de las Conferencias Sectoriales, que tienen mayor capacidad de decisión y de corresponsabilidad. En dicho Pacto deben contemplarse, entre otras, respuesta a los siguientes problemas:

Actualización y adecuación del sistema de financiación sanitaria

  • Incrementar en los Presupuesto Generales del Estado las partidas dedicadas a Sanidad. No permitiremos que el Gobierno de España haga unos presupuestos con superávit mientras el Sistema Sanitario necesita una mayor inversión. España es de los países europeos con menor inversión pública sanitaria, por lo que demandaremos en la próxima legislatura que se converja el porcentaje del gasto público estatal con la media de los países de similar nivel de desarrollo, lo que supone que se supere actual de aproximadamente el 6% del PIB nominal considerablemente alejado del de los países comparables. En este sentido, proponemos aumentar el gasto sanitario público entre un 0,5% y el 1% de PIB para alcanzar la recta de regresión en relación con el gasto medio europeo.
  • En lo referente al modelo de financiación actual del Sistema Nacional de Salud, proponemos la suficiencia dinámica del mismo, que pasa por la adecuación del sistema de financiación autonómico a la realidad poblacional, estructural y territorial de cada comunidad autónoma. En lo referente a Canarias, exigiremos que el sistema de financiación dé respuesta al incremento poblacional, al impacto de la población foránea y a la realidad insular de nuestro Archipiélago. No es posible la consolidación de nuestro modelo sanitario, en un esfuerzo permanente para su mejora y modernización, sin adecuar el actual sistema de financiación, claramente insuficiente, al nivel de gasto real que corresponde a las necesidades sanitarias de la población que actualmente vive en Canarias.
  • Proponer y defender la necesidad de actualizar la financiación sanitaria actualizando el cómputo de la población protegida de modo que la Comunidad perciba los recursos que corresponden con respecto a la población que efectivamente atiende a través de ajustes anuales automáticos que doten al modelo de financiación de la suficiencia dinámica necesaria.
  • Mantener el criterio de insularidad como modulador del reparto territorial de la financiación sanitaria con el fin de compensar las condiciones que el hecho insular impone en la organización del servicio público sanitario.
  • Diferenciar, en cualquier revisión del modelo de financiación, entre fondos de cohesión destinados a reducir desigualdades entre Comunidades Autónomas, como es el caso de los servicios de referencia, y otros fondos destinados a compensar a las Comunidades por la asistencia que presten a pacientes desplazados, tanto nacionales como a extranjeros comunitarios y no comunitarios. En los dos casos, es preciso que los fondos se mejoren y cuantifiquen adecuadamente; a la vez que se mejoren los mecanismos y procedimientos de pago por asistencia sanitaria, así como los relativos a su redistribución hacia las Comunidades prestadoras de la atención.
  • Para la incorporación de nuevas prestaciones a financiar se tendrá en cuenta la eficacia, la eficiencia, efectividad, seguridad y utilidad terapéutica, así como las ventajas y alternativas asistenciales, el cuidado de los grupos menos protegidos o de riesgo y las necesidades sociales, y su impacto económico y organizativo.
  • Exigiremos el cumplimiento y desarrollo de lo establecido en la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, especialmente en lo relativo a:
    • 1. La inclusión de nuevas prestaciones en el catálogo del Sistema Nacional se acompañará de una memoria económica que contenga una valoración del impacto.
    • 2. Con relación a los servicios de referencia (alta especialización) se considerará a Canarias como estratégica dentro del Sistema Nacional de Salud, lo que implica que la atención en los centros de referencia que en el Archipiélago se ubiquen deben ser financiados con cargo al fondo de cohesión sanitaria.
    • 3. Los aspectos financieros a que hace referencia la Ley de cohesión se deben llevar a cabo respetando en todo caso el peculiar Régimen Económico Fiscal Canario.

Los profesionales

Los profesionales son el principal capital del sistema sanitario y, en este sentido, la adecuación del número de profesionales en formación es esencial para la propia sostenibilidad del Sistema Sanitario.

En el ámbito de la formación, el primer escalón es la formación universitaria de pregrado. Es necesario que el número de licenciados y diplomados sanitarios, y de aquellas profesiones no sanitarias vinculadas al sector que se formen en nuestras universidades dé respuesta a las necesidades de personal del Sistema Sanitario de Canarias. El segundo escalón en la formación de los profesionales es la especialización y, en este ámbito, la realidad muestra un claro déficit de especialistas en determinadas áreas, problema que va agudizándose con el paso del tiempo.

  • Proponemos y defenderemos que el Gobierno de España deje de imponer los números “clausus” en Canarias y que sean conjuntamente las universidades canarias y la Administración autonómica sanitaria y educativa la que decida el número de alumnos que deben ingresar en los distintos centros que imparten formación sobre Ciencias de la Salud en función de las necesidades del Sistema Sanitario Canario y de las capacidades formativas de las universidades.
  • Seguiremos proponiendo incrementar el número de plazas de especialistas en formación, tanto de licenciatura como de diplomatura sanitaria, y de unidades docentes acreditadas para impartirla ofertando la totalidad de su capacidad formativa. Proponemos poder realizar, de forma excepcional,a,l convocatorias MIR específicas para Canarias ante situación de extrema gravedad.
  • Proponer al Ministerio de Sanidad y Consumo y al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud incluir en la formación del personal residente un módulo obligatorio en las siguientes materias: gestión clínica, metodología sobre la práctica basada en la evidencia científica y habilidades comunicativas.
  • Impulsar el desarrollo de las especialidades de enfermería.
  • Incrementar la formación complementaria de los MIR a través de becas en el extranjero y rotaciones en otros países, y estableciendo los mecanismos que permitan el compromiso de estos profesionales de ejercer la profesión durante un periodo de tiempo predefinido en Canarias.
  • Exigiremos al Gobierno de España, tanto al Ministerio de Sanidad y Consumo como al Ministerio de Educación, iniciar un proceso de adecuación del Catálogo de Profesiones Sanitarias con la participación de las Comunidades Autónomas.

Gasto farmacéutico

El constante incremento de gasto farmacéutico constituye uno de los problemas esenciales del sistema dada su tendencia consolidada a un crecimiento a lo largo de los últimos años muy por encima de IPC.

Consciente de los riesgos que esta tendencia supone para el desarrollo del Sistema Sanitario Público, Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-Partido de Independientes de Lanzarote defenderá las siguientes propuestas:

  • Reclamar medidas descentralizadoras del Gobierno Central para que Canarias desarrolle sus propios instrumentos de control del gasto.
  • Aplicar políticas de contención y racionalización del gasto, como las siguientes:
    • 1. Potenciar la producción de medicamentos genéricos.
    • 2. Celebración de un Pacto entre todos los agentes que intervienen en la cadena del medicamento, con participación de las Comunidades Autónomas en el que se determine cuál es el crecimiento que el sistema puede asumir de acuerdo con el crecimiento de la financiación sanitaria.
    • 3. Exigir que la decisión sobre qué medicamentos financia el sistema público de salud y cuál es su precio se tome conjuntamente entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
    • 4. Generalizar una política de precios de referencia para medicamentos de igual valor terapéutico y a que avance de una forma más decidida en el desarrollo de normativa que de cobertura a la prescripción por principio activo.
  • Promover que el Ministerio de Sanidad y Consumo ejerza medidas sobre la industria farmacéutica para que el número de unidades por envase se adapte a las dosis normalmente administradas a los pacientes.

 

 

3. EDUCACIÓN Y CULTURA

Nuestro proyecto para la política del Gobierno de España en Educación pasa por poder ejercer de manera autónoma y plena las competencias en Educación. Esto supone, fundamentalmente, dos cuestiones que deben ser aceptadas en el marco estatal.

La primera es que las normas del Gobierno de España no impidan cualquier intento de establecer soluciones educativas propias para hacer frente a las dificultades que encontramos en nuestro entorno; y la segunda es que la financiación estatal de la educación y formación en Canarias se adecue a las necesidades reales de la educación y formación en Canarias.

No está de más recordar que nuestra financiación tiene un vicio de origen en la metodología acordada entre el Gobierno de España y el de Canarias en 1982 al valorar las transferencias a costo efectivo, con lo que somos el sistema peor dotado de todo el Estado.

En definitiva, para que el ejercicio de nuestras competencias, que deben buscar la mejora del sistema educativo hacia objetivos de calidad y eficiencia que permita que niños, niñas y jóvenes se formen como personas y adquieran con tolerancia, pluralismo e igualdad las aptitudes y los conocimientos necesarios para convivir en paz y libertad en Canarias, se puedan realizar CCPNC- PIL promoverá que la política educativa del Gobierno de España se realice atendiendo a una financiación corregida al alza que permita:

  • Que todos los canarios y canarias tengan la oportunidad real de educarse en igualdad de condiciones salvando las dificultades de nuestra fragmentación archipielágica.
  • La realización de políticas educativas y sociales que compensen las desigualdades económicas y culturales con las que se accede al sistema educativo.
  • La creación de un Fondo Estatal para la financiación de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior.
  • El establecimiento de un programa estatal de financiación para el fomento de la movilidad de alumnos y profesores de todos los niveles.

Por tanto, el Gobierno de España debe asumir estos principios revisando las condiciones de financiación.

Además, precisamos del ejercicio pleno de nuestras competencias para que:

  • Las jóvenes generaciones reciban una formación integral y una auténtica capacitación profesional que incluya el dominio de dos lenguas extranjeras, y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación al terminar la educación obligatoria como exige nuestra especialización productiva y nuestra realidad insular.
  • Se produzca el establecimiento de un marco normativo idóneo para que, con la colaboración de las empresas, se desarrollen nuevas ofertas formativas para la inserción en el mundo laboral canario.
  • La transferencia del sistema de becas universitarias y no universitarias.
  • Potenciar la Conferencia Sectorial de Educación como foro de debate de las políticas educativas del Estado y las Comunidades Autónomas, así como la representación de las Comunidades Autónomas en el Consejo de Ministro de la Unión Europea. Igualmente la convergencia en el espacio europeo de educación superior se debe regular consensuándola con las Comunidades Autónomas en el Consejo General de Coordinación Universitaria.
  • Establecer normas que fomenten la participación en el sistema educativo de todas las fuerzas y movimientos sociales, y la negociación como fórmula de resolución de conflictos desde la prioridad del derecho individual a la educación.
  • Introducir medidas para el fomento de la seguridad y la consideración social del docente y el desarrollo de un Estatuto Docente que propicie una carrera profesional adecuada y un marco retributivo en consonancia.
  • Fomentar el servicio social, de carácter voluntario, en actividades educativas y sociales.

La cultura, esencia de nuestra identidad

La Comunidad Autónoma de Canarias cuenta con las competencias transferidas en casi su totalidad en las materias de Cultura, Patrimonio Histórico y Deportes. Coalición Canaria- Partido Nacionalista Canario-Partido de Independientes de Lanzarote, no obstante, realizará propuestas en estas materias con la intención de influir en la política del Gobierno de España y de realizar reivindicaciones que afecten directamente a Canarias en la acción política del Gobierno de España por considerar estas materias fundamentales para el desarrollo de la identidad de los pueblos y nacionalidades que conforman el Estado Español.

Desde esa posición, CC-PNC-PIL defenderá el desarrollo y la ejecución de las siguientes propuestas:

  • Promover políticas culturales que atiendan a la diversidad cultural de las diferentes nacionalidades dentro del Estado español.
  • Exigir medidas de coordinación en el desarrollo de políticas culturales, deportivas y de patrimonio histórico entre el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas.
  • Realización en Canarias de grandes eventos en los ámbitos del espectáculo, tanto en artes escénicas (teatro y danza) como de las artes plásticas, así como la presencia de los creadores canarios en los circuitos estatales.
  • Exigir el apoyo económico diferenciado del Gobierno de España, a través de convenios u otros sistemas de colaboración con el Gobierno de Canarias, a los desplazamientos y proyección de la cultura canaria en el exterior, tanto para el ámbito peninsular como para el internacional.
  • Ante las dificultades actuales, buscar medidas que permitan la entrada de obras de artistas canarios producidas en las Islas en el territorio IVA sin sobrecostes fiscales.
  • Promover medidas favorecedoras e incentivadoras en el ámbito fiscal para la industria cinematográfica.
  • Promover medidas de apoyo a la industria cultural y los emprendedores culturales.
  • Promover la mejora del apoyo financiero del Gobierno de España a los proyectos culturales del Festival de Música de Canarias y festivales de Ópera y Zarzuela.
  • Recabar la continuidad de ejecución del Plan Nacional de Catedrales.
  • Exigir medidas específicas de colaboración por parte del Gobierno de España para la conservación de los espacios declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO (Parque Nacional de Garajonay, Parque Nacional del Teide y Centro Histórico de La Laguna), así como el impulso a los expedientes contenidos en la lista indicativa de propuestas del Estado.
  • Exigir al Gobierno de España igualdad y equilibrio en las siete islas, y participación en la definición de las inversiones del 1% cultural (patrimonio histórico) e inversiones en infraestructuras culturales en Canarias.
  • Promover un programa específico, exigiendo la colaboración financiera y de gestión institucional que se precise a los efectos de realizar el inventario, catalogación, recuperación y exhibición del patrimonio arqueológico de Canarias que se encuentra fuera del Archipiélago.
  • Promover la coordinación entre las políticas estatales de inversión en infraestructura cultural con la desarrollada por la Comunidad Autónoma Canaria, singularmente en los proyectos de ampliación del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, y la ampliación y mejora de la Biblioteca Pública del Estado en Santa Cruz de Tenerife.
  • Recabar un programa específico para el patrimonio documental referido a Canarias que se encuentra disperso en diversos archivos fuera del Archipiélago, y realizar su volcado sobre soportes informáticos y su puesta a disposición de los investigadores de nuestras islas.
  • Exigir la incorporación del patrimonio documental canario a los programas de informatización y digitalización desarrollados por el Gobierno de España.
  • Exigir la participación del Gobierno de España en el mantenimiento y conservación de la infraestructura de la red de teatros en Canarias, así como la participación de Canarias en las programaciones de las compañías públicas.
  • Reivindicar ante el Consejo Superior de Deportes el reconocimiento como modalidad deportiva de los deportes autóctonos canarios.
  • Exigir la dotación económica suficiente al Gobierno de España en materia de ayudas al desplazamiento de participantes, equipos y material deportivo en competiciones estatales e internacionales, para situarlos en condiciones de igualdad con el resto de deportistas.
  • Recabar la financiación del Gobierno de España, en colaboración con la Comunidad Autónoma Canaria, para la construcción y adaptación de Centros de Alto Rendimiento y Tecnificación deportiva, así como inversión para la construcción y mejora de las infraestructuras deportivas de alto nivel.
  • Exigir la realización de un protocolo específico de colaboración para el apoyo a los deportistas de alto nivel de Canarias.
  • Recabar el apoyo para la celebración de eventos de carácter deportivo con trascendencia estatal e internacional.

 

 

 

4. POLÍTICAS DE BIENESTAR SOCIAL

Sin duda alguna, uno de los mayores problemas sociales es el acceso a la vivienda. La carestía de la vida, la subida de los tipos de interés, la escasez de suelo, la especulación y el reducido número de viviendas de alquiler ha provocado un desproporcionado aumento del precio de la vivienda que la sitúan al alcance de muy pocos. Los poderes públicos tienen que hacer efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna adoptando una serie de medidas que contribuyan a contener los precios, por un lado, y, por otro, a establecer ayudas directas y fiscales para la adquisición por parte de los sectores más desfavorecidos (jóvenes, familias numerosas, discapacitados, etc.) de una vivienda.

  • La vivienda constituye un instrumento de cohesión económica y social de primer orden y su carencia amenaza la estructura familiar y dificulta el acceso, entre otros, al empleo. Desde Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-Partido de Independientes de Lanzarote exigiremos que se concrete, de forma que actualice y desarrolle con el Gobierno de España, las actuaciones en materia de vivienda.

Después de que el I Plan Canario de Vivienda marcara un hito que permitió a 55.000 familias edificar su proyecto de futuro, el II Plan Canario de Vivienda tiene como gran objetivo llegar a otras 90.000 familias.

Estos fines se han venido cumpliendo año tras años a pesar de las dificultades que nos marca nuestro territorio escaso, fragmentado y protegido en casi un 50% y se han cumplido porque somos la Comunidad Autónoma que más presupuesto propio destina a su planeamiento de vivienda en proporción a su número de habitantes.

También es significativo que Canarias sea de las pocas Comunidades Autónomas que construye vivienda protegida en régimen de alquiler, y lo hace desde hace unos años para apoyar a las familias con mayor fragilidad social. Es ahora cuando desde el Gobierno de España y desde otras comunidades autónomas se plantean el alquiler como una opción más en la vivienda en protección. Desde el conocimiento de ser pioneros en políticas de vivienda, CC-PNC-PIL proponen:

  • Suprimir el Ministerio específico de Vivienda, un departamento vacío de competencias que incrementa el gasto público y duplica, en ocasiones, iniciativas ya creadas por las Comunidades Autónomas. La vivienda es una materia sobre la que, en aplicación del artículo 148.1.3º de la Constitución Española, todas las Comunidades Autónomas y, por tanto, la Comunidad Autónoma de Canarias, han asumido competencias exclusivas. Recordemos, en este sentido, que la Constitución, en el citado artículo 148.1.3º señala que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, y que el Estatuto de Autonomía de Canarias, en su artículo 30.15 (anterior artículo 29.11, antes de la modificación efectuada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre), establece que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda.

Al amparo de las competencias contempladas en el artículo 149.13º sobre planificación general de la actividad económica planteamos el incremento de fondos en materia de vivienda con el objetivo de:

  • Dedicar mayores esfuerzos públicos para facilitar el acceso a la vivienda a las familias con menores recursos económicos tanto en propiedad como en alquiler.
  • Los jóvenes entre 18 y 35 años es el colectivo de la sociedad española con mayor dificultad para acceder a una vivienda y poderse emancipar. La edad de emancipación es de las más elevadas de Unión Europea, por lo que hay que establecer un programa específico con ayudas adicionales que fomente el acceso a la vivienda en propiedad y en alquiler.
  • Incentivar y optimizar el suelo para vivienda protegida.

En Canarias, la escasez física del suelo, la alta protección del territorio y la orografía hacen necesario que los suelos de la Administración Estatal no convenientemente utilizados sean cedidos al Gobierno Autónomo para facilitar la ejecución de los Planes de Vivienda.

  • Incentivar y fomentar que se movilice el parque de vivienda desocupado potenciado las Bolsas de Vivienda existentes en las Comunidad Autónomas, en concreto de la canaria, que ha sido pionera en todo el Estado, incentivando la rehabilitación y fomentado el arrendamiento.
  • Exigir colaboración al Gobierno de España para incentivar y potenciar la rehabilitación. Se aprobarán Planes Integrales en barrios degradados como centros históricos, lo que permitirá optimizar el suelo residencial existente aprovechando los servicios e infraestructuras ya establecidos, lo que supone un importante estímulo para la creación de empleo. En territorios como el canario se aprobarán Proyectos específicos en éste sentido.
  • Fomentar las viviendas sostenibles y accesibles. Se primarán con ayudas adicionales la
    rehabilitación para mejorar la accesibilidad a las personas mayores de 65 años con menores
    recursos.

Hacia la consolidación de un estado de bienestar social

La calidad de vida de una sociedad avanzada, como es la canaria, no se mide exclusivamente por parámetros económicos. La consolidación del Estado del Bienestar conlleva tener la capacidad de poner a disposición de la ciudadanía recursos suficientes para atender con dignidad a las personas dependientes, a la infancia y a la familia o a las personas que atraviesan por dificultades sociales.

España es uno de los Estados miembros de la Unión Europea con menor financiación en el ámbito social, concretamente seis puntos por debajo de la media europea. Esta falta de recursos estatales ha tenido que ser suplida con fondos propios, por lo que Canarias sufraga el 90% de las prestaciones en materia social.

El Gobierno de España puso en marcha la aplicación progresiva de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, un cuerpo normativo que reconoce un nuevo derecho subjetivo. Sin embargo, la realidad es que la financiación que el Gobierno de España está disponiendo para la aplicación de la ley en las Comunidades Autónomas, está muy alejada de los costes reales de los servicios de atención, sobre todo, los de carácter residencial, y es la Comunidad Canaria quién sufraga el 95 % de los costes de la Ley.

Ante la situación referida, Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-Partido de Independientes de Lanzarote propone:

  • Con carácter general, un incremento de la financiación del Gobierno de España, para cubrir financieramente este nuevo derecho de ciudadanía. Esto permitirá que el nivel de protección acordado con las Comunidades Autónomas y materializado a través de convenios de colaboración (art. 7 y 10) fuera consecuente con los costes reales de este tipo de servicios de atención.
  • De manera particular, se exige al Gobierno de España un mayor reconocimiento de la realidad de la Comunidad Autónoma de Canarias en su condición de territorio fragmentado y ultraperiférico. Esta doble condición justifica demandar un mayor compromiso del Gobierno de España en la financiación de proyectos de inversión dirigidos a la creación de recursos de atención a la dependencia en Canarias.

El incremento de la esperanza de vida en todo occidente ha sido un fenómeno al que no ha estado ajena Canarias y eso ha determinado que un porcentaje cada vez más importante de nuestra población se corresponda con mayores de 65 años. Este es, sin duda, un éxito de nuestra sociedad que conlleva la necesidad de mejorar la oferta de ocio a nuestros mayores en consonancia con sus demandas.

  • Se propone transferir a las a las corporaciones locales de la gestión de los viajes del INSERSO destinados a los mayores. En la actualidad, estas instituciones, las más próximas a la ciudadanía, sólo gestionan un 20% de estos viajes, reservándose el Gobierno de España la gestión del 80% restante. Con esta propuesta se pretende una distribución territorial más equitativa y una selección individual que responda a criterios de necesidad y singularidad del hecho insular.

Canarias es una comunidad pionera y a la vanguardia del Estado en inclusión social. Contamos con un cuerpo normativo, la Ley de Prestación Canaria de Inserción, que no sólo ha elevado las cuantías económicas que se otorgan, sino que ofrece a las personas en dificultad social una nueva oportunidad para construir un proyecto de vida a través de los itinerarios de inserción.

Sin embargo, todavía contamos con una alta tasa de pobreza, puesto que una de sus causas reside en las cuantía de las Pensiones No Contributivas, competencia exclusiva del Gobierno de España, dada la alta incidencia de las pensiones no contributivas, que en Canarias constituyen un 15,6% frente al 5,6 del resto del Estado proponemos:

  • Una mejora paulatina de las Pensiones no Contributivas hasta igualarlas al Salario Mínimo Profesional como fórmula para reducir los índices de pobreza en el Archipiélago.


Una sociedad avanzada, justa y democrática se mide por su implicación en su atención a la infancia y, sobre todo, a aquella que pueda encontrarse en riesgo. La nueva estructura familiar, con estructuras plurinucleares, monoparentales y alejadas de los modelos tradicionales conlleva una serie de amenazas desconocidas hace apenas una década.

Queremos dispensar un trato prioritario a la infancia a través de políticas de apoyo y atención integral a la Familia como medida de prevención de riesgo y promoción de factores de protección por medio de convenios-programa entre el Gobierno de España y la Comunidad Autónoma con las corporaciones locales aumentando la financiación acorde con los incrementos poblacionales en el Archipiélago. CC-PNL-PIL proponen:

  • Mejorar la calidad y oferta de Servicios a la Primera Infancia para la conciliación entre la vida familiar y laboral.
  • Apoyo y atención a las familias que se encuentren en situaciones especiales para prevenir exclusión social o desintegración familiar.
  • Fomento de la adopción como mecanismo de integración familiar y social.
  • Programas de educación y atención a núcleos familiares en situaciones de riesgo o dificultad social.
  • Programas de apoyo a familias monoparentales con hijos menores de 18 años.
  • Programas de apoyo a las familias en cuyo seno se produce violencia familiar mejorando el sistema de protección a la infancia maltratada:
    • 1. Detección precoz del maltrato infantil en colaboración con los centros de primera infancia y los servicios sanitarios.
    • 2. Detección y atención a familias de riesgo antes del nacimiento.
    • 3. Atención y tratamiento al maltrato no grave cuando no sea recomendable la separación del niño de su familia.
    • 4. Atención al maltrato grave cuando sea necesaria la separación mejorando los dispositivos de acogida inmediata y el acogimiento familiar o residencial de forma temporal.
  • Promover una participación interinstitucional más activa en el Observatorio de la Infancia, creado por acuerdo del Consejo de Ministros en marzo de 1999, con el objeto de construir un sistema de información para conocer y hacer propuestas para el bienestar y calidad de vida de la infancia.
  • Potenciar nuestra participación en Grupos de Trabajo con el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas:
    • 1. Menores Extranjeros no Acompañados.
    • 2. Menores con problemas de conducta.
    • 3. Formación para los trabajadores de las Comunidades Autónomas en el marco de la Nueva Ley de Responsabilidad penal de los menores.
  • Programas para el desarrollo de los Valores y Derechos de los menores:
    • 1. Educación para la convivencia democrática, la tolerancia y la solidaridad.
    • 2. Participación de la infancia en la familia y la sociedad.
    • 3. Fomentar la protección contra las actividades nocivas para su desarrollo evitando la propagación del consumo de productos nocivos perjudiciales para la salud, mensajes de violencia y pornografía.
    • 4. Establecer ayudas y beneficios fiscales para las familias en proceso de adopción internacional.

Menores inmigrantes no acompañados:

La inmigración clandestina procedente del continente africano afecta a Canarias desde hace ya más de una década. Miles de personas abandonan su hogar, familia, hijos y amigos embarcándose rumbo a lo desconocido, cuando no a la muerte.

Esta situación es aún más dramática cuando se trata de niños. En Canarias, han llegado en los últimos años alrededor de 5.000 niños africanos. Solidariamente, les hemos ofrecido, en soledad, acogimiento, manutención e integración. Pero nuestra capacidad ha sido ampliamente desbordada desde hace tiempo.

Desde la solidaridad, la humanidad y el respeto a los derechos de los niños y las niñas CCPNC- PIL reclama:

  • Modificación de la Ley Estatal 1/96 de atención integral al menor.
  • Elaboración por parte del Gobierno de España del Estatuto Jurídico del Menor Extranjero no acompañado.
  • Que el Gobierno de España asuma la tutela de los menores extranjeros no acompañados sin perjuicio de que la guarda y custodia pueda corresponder a las Comunidades Autónomas. en el marco de una política global de cooperación.
  • Establecer partidas presupuestarias en los Presupuestos del Estado para el gasto en la primera acogida de los menores extranjeros no acompañados.

 

Un impulso a las políticas de igualdad

En Canarias, el mantenimiento de la sociedad se ha basado tradicionalmente en el papel de las mujeres, que con su trabajo no remunerado han contribuido al mantenimiento de la estructura social. Pero los cambios en la familia son múltiples: reducción del número de hijos, mayor número de familias monoparentales constituidas mayoritariamente por madres…, y esta nueva situación, unida a la incorporación de la mujer al mercado laboral aunque aún no plenamente conseguida, dejan al descubierto la falta de estructuras de apoyo a las familias y, por tanto, una continuidad en la sobrecarga de trabajo de las mujeres impidiéndoles la verdadera y libre promoción profesional y la permanencia en el mercado laboral.

Para seguir apostando por la integración e incorporación real y efectiva de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad canaria durante los próximos cuatro años, se seguirán proponiendo políticas que impulsen y promuevan medidas de acción positiva a fin de que la igualdad de oportunidades sea una realidad. Por este motivo, promoveremos medidas como:

  • Modificación de la Ley de Divorcio para adaptarla a las diferentes realidades sociales.
  • Procedimiento sumario para el impago de pensiones alimenticias.
  • Ley de medidas que garanticen una presencia equilibrada de ambos sexos en los puestos de responsabilidad pública y en los empleos tanto públicos como privados.
  • Equiparación de las parejas de hecho con el matrimonio.
  • Desarrollo efectivo y aplicación en la Ley de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar potenciando medidas que permitan el incremento de la natalidad.
  • Ayudas de guardería, directas y fiscales, a las mujeres trabajadoras con hijos menores de
    tres años.
  • Promover medidas específicas en los planes de empleo que reduzcan la tasa de paro femenino incidiendo en la situación específica de Canarias
  • Acometer acciones que favorezcan el reconocimiento social del trabajo en el hogar como fuente importante para la generación de riqueza.
  • Favorecer las condiciones de trabajo de las mujeres propiciando una mayor representación en sectores laborales evitando la discriminación salarial y la no cualificación de las mujeres.
  • Eliminación de los rasgos y lenguaje sexista en los contenidos curriculares y en las prácticas educativas.
  • Desarrollar acciones sensibilizadoras en la comunidad educativa sobre el principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos y la coeducación.
  • Desarrollar políticas de salud específicas potenciando la investigación para el diagnóstico de determinadas enfermedades y factores de riesgo en relación con las mujeres.
  • Promover medidas potenciadoras de la atención sanitaria específica que permitan mejorar los servicios de medicina preventiva y asistencial en relación con los procesos y ciclos vitales propios de las mujeres.
  • Contemplar medidas en los planes de vivienda que favorezcan al acceso de las mujeres víctimas de malos tratos.
  • Incidir en la sensibilización y formación de los profesionales vinculados a la Justicia y a la Administración para la aplicación de las disposiciones legales.
  • Mejorar las pensiones de viudedad acercándonos a las actuales pensiones de jubilación.
  • Impulsar la modificación de la normativa estatal reguladora de las pensiones no contributivas, de manera que la concesión no sea afectada por la unidad económica de convivencia o cualquier otro factor que conlleve pérdida de su cuantía.
  • Potenciar la creación de un fondo de garantía de pensiones que asegure la percepción de una renta en los casos de impago de las pensiones decretadas por resolución judicial.
  • Equiparar progresivamente las cuantías de las pensiones al Salario Mínimo Interprofesional.
  • Promover políticas de solidaridad y cooperación con las mujeres desfavorecidas de otros pueblos.
  • Colaborar con las Organizaciones no Gubernamentales que trabajan en favor de la mayor integración de la mujer en la sociedad.
  • Potenciar el Asociacionismo de mujeres.
  • Mención especial merece el drama de la violencia doméstica. Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-Partido de Independientes de Lanzarote asume el compromiso moral de promover políticas para desterrar definitivamente esta lacra de la sociedad. Es necesaria la aprobación de una Ley Integral contra la Violencia de Género que contenga medidas tales como:
    • 1. La dotación de medios personales y materiales a las instituciones competentes para hacer efectiva la protección real de las víctimas.
    • 2. El endurecimiento de las penas y sanciones para los culpables de delitos de violencia contra las mujeres
    • 3. Demandar del Estado planes de financiación específica para la puesta en marcha en Canarias y otras Comunidades Autónomas con altos índices de violencia de género de servicios de atención a las mujeres víctimas de esta violencia.

 

Jóvenes del siglo XXI

Los jóvenes son el principal activo para el presente y futuro de Canarias. Son el eslabón que garantiza el mantenimiento de nuestra población y de nuestras tradiciones, lo que les convierte en depositarios de las esperanzas de todos los canarios en un futuro mejor para nuestra tierra. Los jóvenes deben enfrentarse a los problemas de desigualdad, violencia y marginación de nuestra sociedad para tener un futuro de formación, trabajo y participación en las políticas de nuestra tierra. Por ello, en Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-Partido de Independientes de Lanzarote nos proponemos actuar en las siguientes direcciones:

  • Conseguir que el coste del kilómetro de viaje de un joven canario sea el mismo que el de un joven de la Península. En un territorio fragmentado como el nuestro, la movilidad es fundamental para la formación. Por eso, poder trasladarse entre islas para estudiar, además de viajar al territorio continental, es fundamental para una formación integral. Así, debe ser obligación del Estado articular los mecanismos que sean necesarios para erradicar de una vez esta situación que está generando importantes desigualdades entre los jóvenes canarios y los peninsulares, y repercutiendo directamente en su formación.
  • Queremos garantizar un aumento de las ayudas estatales y europeas para el desarrollo rural con la finalidad de incentivar la participación de los jóvenes en las actividades relacionadas con el mundo rural. Con ello, queremos favorecer el relevo generacional para mantener nuestras tradiciones y vinculándonos directamente con nuestro territorio.
  • En cuanto a la educación, es preciso establecer mecanismos tales como bolsas de empleo joven para los titulados universitarios y de la Formación Profesional.
  • Lograr del Estado un aumento de las cuantías de las becas estatales para aquellos jóvenes canarios que deban realizar sus estudios fuera de las islas porque en Canarias no exista la titulación escogida con el fin de compensar los gastos derivados de la lejanía y la insularidad.
  • También demandaremos el incremento de las ayudas a estudios de posgrado, tanto si se cursan en Canarias como en el exterior.
  • Además, defendemos una educación pública, laica, humanística y científico-técnica que favorezca el desarrollo intelectual e integración social de los alumnos, así como la solidaridad entre compañeros.
  • Exigir al Gobierno de España incentivos fiscales (mediante descuentos en la Declaración de la Renta) para los gastos de alquiler de una vivienda, especialmente para los jóvenes, con el fin de incentivar la emancipación de la población juvenil y el alquiler como opción de acceso a la primera vivienda, que en Canarias tiene la ventaja de movilizar el parque de viviendas existentes y compensar así la falta de suelo para construir nuevas.
  • Demandar del Gobierno de España un aumento sustancial de los presupuestos destinados a los organismos de juventud del Estado (INJUVE, Observatorio de la Juventud de España, Consejo de la Juventud de España) y que este aumento se vea reflejado en la aportación e implicación de estos organismos en la Comunidad Autónoma de Canarias. Se pretende lograr una mayor dotación económica de estos organismos para Canarias (actualmente situados en una cantidad irrisoria), vigilando que lo asignado a Canarias sea lo mismo que al resto de comunidades del Estado en proporción a la población joven existente.

 

Inmigración irregular

Los objetivos programáticos de CC-PNC-PIL incluyen propuestas nuevas que complementan los logros alcanzados, entre los que destacan:

  • Que el Archipiélago se convierta en plataforma de desarrollo e influencia del Occidental.
  • Constituir una vía de comunicación entre Canarias-Europa en materia de inmigración irregular.
  • Transferencia a la Comunidad Autónoma de los fondos proporcionales recaudados en el concepto de 0,52% destinado a fines sociales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), a fin de que sea Canarias quien, con la disponibilidad de esos recursos, determine y desarrolle los proyectos sociales que demanda nuestra realidad.

Revisión del Plan de Inmigración Canarias-Estado con una sustancial mejora en la financiación.

  • Demandar mayor fluidez en la información bilateral Canarias-Estado.
  • Activar la Subcomisión bilateral Canarias Estado en materia de inmigración.
  • Exigir un mayor control de las fronteras.

  • Cumplimiento de la Proposición de Ley presentada por Coalición Canaria en el Senado en materia de inmigración, y que fue aprobada en la citada Cámara en la pasada Legislatura.

 

 

 

5. JUSTICIA, SEGURIDAD Y LUCHA CONTRA LA INMIGRACIÓN CLANDESTINA

La Justicia en un modelo de Estado descentralizado

Las previsiones constitucionales de un Poder Judicial único y el carácter estatal del servicio público no son impedimentos ni pueden constituir excusa para que el servicio público de la Justicia no se preste con la mayor eficacia posible y se adapte a la propia organización territorial del Gobierno de España constituida en Comunidades Autónomas.

Aunque Canarias ejerce desde 1997 competencias de gestión de la Administración de Justicia - o administración de la Administración de Justicia- , el proceso de descentralización ha sido casi completado en el período 2004-2008. Sin embargo, éste se ha realizado desoyendo e ignorando los diferentes pronunciamientos formulados por la Conferencia de Comunidades Autónomas con competencias en Justicia. El modelo resultante presenta una complejidad enorme, un desapoderamiento del poder político de las Comunidades Autónomas, un Ministerio de Justicia renuente a sustituir su papel centralizado y dominante por otro de liderazgo y respeto en la Conferencia Sectorial y un Consejo General del Poder Judicial condicionado porque a su autonomía de gobierno se supedita a la gestión presupuestaria del Ministerio.

Frente a ese modelo, CC-PNC-PIL trabajará en un sistema de justicia eficaz, independiente y descentralizado, por lo que promoveremos:

  • Que las Comunidades Autónomas sean preceptivamente oídas en el trámite de nombramiento de los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, de los Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas y de los Presidentes de las Audiencias Provinciales.
  • Que el desarrollo de la Oficina Judicial tenga en cuenta el relevante papel de los Secretarios Judiciales en su organización y desarrollo. Para ello, respetando el carácter estatal del Cuerpo, los Secretarios Judiciales pasarían al servicio de las correspondientes Comunidades Autónomas, como ya sucede con los Cuerpos de funcionarios de Gestión, Tramitación y Auxilio judicial.
  • Los procedimientos selectivos, así como los sistemas de movilidad y promoción profesional de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia se realizarán por las Comunidades Autónomas correspondientes, sin perjuicio de los concursos de ámbito estatal. La Ley Orgánica del Poder Judicial preverá la capacidad de desarrollo normativo de las Comunidades Autónomas sobre la normativa básica que la misma establezca.
  • Se promoverá una estructura y un régimen de funcionamiento de la Conferencia Sectorial de Justicia acorde con las competencias del Ministerio de Justicia y los Departamentos de las Comunidades Autónomas.
  • Se promoverá una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que garantice que el rendimiento por tasas judiciales se producirá para las Comunidades Autónomas como prestadoras de los medios materiales y personales.
  • La instrucción de los procedimientos penales se realizará por jueces y magistrados sin perjuicio de la mejora de los medios al Ministerio Fiscal para investigar y promover la acción de la justicia.
  • La creación de nuevos órganos y unidades judiciales se articulará mediante un procedimiento concurrente entre el Gobierno de España (Ministerio y Consejo General del Poder Judicial) y las Comunidades Autónomas (Consejerías y Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia) garantizándose la existencia de crédito por ambas partes.
  • La regulación del Consejo General del Poder Judicial se orientará a la independencia presupuestaria en lo que a su función de órgano de gobierno de jueces y magistrados se refiere.
  • Promover la concurrencia y cofinanciación del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia al Plan de acceso del Gobierno de Canarias para la preparación de opositores canarios a jueces, fiscales y secretarios judiciales.
  • Establecer como contenido necesario en los temarios de acceso a los referidos cuerpos, la estructura territorial del Estado y el papel de las Comunidades Autónomas en la gestión de la Administración de Justicia.
  • Materializar la participación de las Comunidades Autónomas en la designación de magistrados del Tribunal Constitucional a través del Senado.

Seguridad

España necesita articular un modelo de seguridad acorde a los retos que a toda la Comunidad Internacional se le plantean en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.

A su vez, el modelo policial debe responder a la estructura territorial de España (Estado, Comunidad Autónoma y Municipios) dentro de un sistema de seguridad pública que articula adecuadamente los mecanismos de prevención-neutralización, investigación y criminalística. Frente a los que interpretan esta estructura como un debilitamiento del papel estatal en la seguridad, hay que oponer que se trata de un planteamiento integrado de la seguridad en el que el Estado tiene el papel predominante que le da la federalización del modelo y su protagonismo en la lucha contra el delito de ámbito supraterritorial. Con tal fin, promoveremos:

  • Que la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 1986 sea modificada en una estructura policial Estado - Comunidad Autónoma – Municipios en la que sea posible el traspaso de medios y servicios a los niveles autonómicos.
  • El refuerzo de los servicios de inteligencia en el área Magreb-Sahel colaborando con Marruecos, Argelia y Mauritania en la lucha contra el terrorismo.
  • Se refuerce el papel y los medios personales y materiales del Estado a la estructura de prevención e investigación y criminalística frente al gran delito, especialmente en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.
  • Con ese objetivo se refundan en un solo Cuerpo la Policía Nacional y la Guardia Civil, Cuerpo de Policía del Estado, instituto armado, disciplinado y de naturaleza civil.
  • La Policía de las Comunidades Autónomas se estructure y financie con medios traspasados, concurrencia con las Comunidades Autónomas y prioridad en la prevención y neutralización del delito, con un sistema de información integrado y acceso por la Policía estatal.
  • Disposiciones generales que permitan a las Comunidades Autónomas legislar y organizar con los Municipios a las Policías Locales como policía de proximidad con más formación y mejores medios.
  • Régimen general de jubilación y segunda actividad para todos los Cuerpos policiales que haga compatible esos estados de prejubilación con el reconocimiento a las pensiones de la Seguridad Social.
  • La promoción de un Plan específico de Seguridad Integral para Canarias entre el Estado y la Comunidad Autónoma derogando el documento falsamente titulado así aprobado por el Consejo de Ministros en julio de 2006.


Lucha contra la inmigración clandestina

La sociedad del siglo XXI, que vive en un marco de respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas, inmersa en el Estado del Bienestar, con oportunidades de empleo, prestaciones sociales, derecho a la seguridad, a la educación, a la sanidad, a la alimentación y a la vivienda, quizás no esté en condiciones de comprender la complejidad del fenómeno de la inmigración clandestina porque detrás de ella se encuentra el inmenso abismo existente, en todos los índices de calidad de vida, entre las naciones del Norte y del Sur.

Aunque la llegada de personas en pateras o cayucos a nuestras costas es la imagen más dramática de la inmigración, y nuestro objetivo es siempre salvar vidas, el análisis del fenómeno global es muy complejo.

Canarias lleva más de diez años conviviendo con este drama, que ha dejado de ser coyuntural para incrementarse aún más y convertirse en estructural.

El Gobierno de España ocupado tanto por PP como por PSOE ha fracasado en la lucha contra la inmigración irregular o clandestina. Lo más notorio ha sido la ausencia de una política, la no definición de objetivos y la falta de mensajes claros hacia las mafias que trafican con personas. Es claro que se afronta un fenómeno mundial acrecentado por las desigualdades de la globalización económico-cultural, pero no es menos cierto que una gestión del fenómeno desde la legalidad produce más oportunidades a los inmigrantes, evita que pierdan la vida en el intento y que sean objeto de tráfico por estructuras organizadas, además de producir mayor riqueza en el país de destino y remesas importantes para las familias en los países de origen. Canarias ha sido sujeto pasivo de los errores en inmigración del Gobierno de España. Dos tercios de los inmigrantes por vía marítima de toda España arribaron a Canarias, el número de muertos en la travesía se cuenta por miles y en la entrada por aeropuertos, la escasez de medios de las Brigadas de Extranjería de la Policía Nacional ocasiona que se establezcan de forma irregular aquellos que entran con visado de turista de forma fraudulenta.

Por tal motivo, resultan imprescindibles un elenco de reformas legales que se dirigen fundamentalmente a adaptar el marco normativo vigente a los problemas y necesidades que el exponencial aumento de los flujos de inmigración clandestina ha puesto de relieve. Además, incluye un conjunto de medidas a implantar por el Gobierno de España con el fin de ordenar y racionalizar los flujos migratorios, reconduciéndolos al ámbito de la legalidad.

Las medidas que, en el Congreso y en el Senado, promoveremos son:

  • Creación de juzgados especializados en materia de extranjería con la consiguiente adaptación de la planta judicial a la necesidades que derivan del fenómeno de la inmigración clandestina.
  • Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para permitir la persecución del tráfico ilegal de personas conforme al principio de universalidad, es decir, con independencia de que se cometan los delitos fuera del territorio español.
  • Medidas para impedir fraudes o beneficios legales injustificados:
    • 1. Modificación de la normativa reguladora de los efectos de la inscripción en el Padrón municipal con el fin de impedir que se beneficie a los extranjeros que se encuentren en una situación irregular.
    • 2. Eliminación del permiso de residencia por arraigo laboral y del visado de búsqueda de empleo.
    • 3. Modificación del Código Civil en materia de nacionalidad, de una parte para dificultar los matrimonios de conveniencia como medio de adquisición de la nacionalidad española y, de otra, para evitar que la intención de evitar las situaciones de apatridia faciliten conductas fraudulentas en orden a la adquisición de dicha nacionalidad.
  • Adecuación de los plazos y procedimientos existentes en materia de extranjería:
    • 1. Establecimiento de restricciones para la reentrada en España de los inmigrantes que hayan sido objeto de devolución o expulsión.
    • 2. Atribución al Gobierno de España de la tutela legal de los menores no acompañados sobre los que se acuerde su permanencia en España, sin perjuicio de que la guarda y custodia se asigne a las Comunidades Autónomas en el marco de una política global de cooperación entre las distintas Administraciones.
    • 3. Ampliación del plazo máximo de retención en los centros de internamiento (CIEs) de 40 a 70 días
  • Medidas para fomentar la cooperación y coordinación con las Comunidades Autónomas:
    • 1. Establecimiento de la obligación de comunicar a las Comunidades Autónomas las principales resoluciones adoptadas respecto a los extranjeros internados en centros radicados en las mismas.
    • 2. Establecimiento de la obligación de que los centros de internamiento cuenten con unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, según informe previo de las autoridades competentes en materia de salud pública (Comunidades Autónomas).
    • 3. Legitimación a las Comunidades Autónomas para recurrir aquellas resoluciones sobre extranjeros adoptadas por la Administración General del Estado por incumplimiento de la legalidad vigente en lo relativo a condiciones y plazos para el internamiento, así como a la expulsión y devolución de los inmigrantes.
    • 4. Medidas para el reparto equitativo de los inmigrantes entre las distintas Comunidades Autónomas en caso de superarse la capacidad de acogimiento de una Comunidad Autónoma.
  • Obligación del Gobierno de España de aprobar un plan de control de fronteras que prevea un incremento de los efectivos policiales dedicados a la vigilancia y protección de las fronteras, en especial del servicio marítimo y aeroportuario.
  • Establecimiento de un debate periódico en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno informe sobre los problemas de la inmigración, las medidas adoptadas en el periodo, y la aplicación de las decisiones de la Unión Europea y de los convenios internacionales aprobados con otros Estados.
  • Adaptación por el Gobierno de la Ley de Demarcación y Planta Judicial para incorporar los nuevos juzgados de extranjería, tal y como se refleja en el apartado Justicia de este programa.
  • Establecimiento de cupos o contingentes especiales para trabajadores africanos, primando especialmente a aquellos países próximos a Canarias y al sur de la península ibérica y que tengan acuerdos y relaciones estables de colaboración con España en las políticas dirigidas a la prevención y represión de la inmigración clandestina.
  • Creación por el Gobierno de una agencia especializada para las migraciones, que sirva de herramienta, no sólo de análisis y prospectiva, sino también de ejecución de medidas y políticas que contribuyan a la ordenación de los procesos migratorios y a la colaboración entre las distintas Administraciones.

 

 

 

6. ECONOMÍA Y HACIENDA

Introducción

Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-Partido de Independientes de Lanzarote es la fuerza política que acredita un mayor éxito en la gestión de la economía de Canarias desde su acción en el seno del Congreso y el Senado en Madrid, historial que se inició con la exitosa aprobación y consolidación del actual Régimen Económico y Fiscal de Canarias y la gestión de todas sus adaptaciones posteriores al proceso de integración europea.

Expresión máxima de dicho éxito es la consolidación en el artículo 299.2 del Tratado de la Unión Europea de la posibilidad de modulación de las políticas comunes, así como recibir un apoyo presupuestario de los fondos de desarrollo regional, de los de cohesión y actualmente de los específicamente diseñados para las RUP, con la ventaja del reconocimiento de la existencia de ayudas de Estado de carácter permanente para hacer frente a las desventajas estructurales que comporta la condición ultraperiférica. Este reconocimiento, introducido en el Tratado en 1997, sigue siendo mejorado y protegido como se refleja en el reciente Tratado de Lisboa firmado el 13 de diciembre de 2007 y por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, ya que dispone que:

“El Consejo, al adoptar las medidas pertinentes contempladas en el párrafo segundo, tendrá en cuenta ámbitos tales como las políticas aduanera y comercial, la política fiscal, las zonas francas, las políticas agrícola y pesquera, las condiciones de abastecimiento de materias primas y de bienes de consumo esenciales, las ayudas públicas y las condiciones de acceso a los fondos estructurales y a los programas horizontales comunitarios.”

Como fuerza de gobierno y de acción parlamentaria en Madrid hemos sido capaces de conseguir los apoyos necesarios para situar la economía canaria en posiciones nunca antes conocidas, tanto en desarrollo y bienestar social como en dotación de activos públicos y privados.

Estos logros, aún siendo todavía insuficientes, son de tales magnitudes que nos permiten, cada vez más, acercarnos a una economía productiva de alta capacidad de creación de empleo y bienestar.

Nuestra fuerza política ha demostrado en la práctica que cuenta con todos los ingredientes necesarios para garantizar una visión de los asuntos económicos que hacen compatibles la gestión económica de refuerzo de la economía productiva y de potenciación del empresariado canario como clave del éxito del desarrollo económico, con el énfasis en la seguridad y el bienestar social adquiridos a través de la participación de todos en dicha economía productiva pero asegurado para todos los canarios a través de las políticas presupuestarias de redistribución de la renta y de las políticas publicas de bienestar social.

Aunque resulta evidente que Canarias ha experimentado un considerable desarrollo económico que le ha permitido superar el umbral que separa a las regiones menos desarrolladas de Europa de las más prósperas saliendo con todos los derechos del Objetivo 1 de la convergencia europea, es preciso tener presente que dicho crecimiento se ha acompañado de efectos estructurales que hacen preciso actuar en la política económica con instrumentos permanentes que nivelen su desarrollo económico y lo conecten con el entorno internacional y estatal de mejora de la competitividad.

No obstante, estos niveles de desarrollo han originado escenarios nuevos con problemas nuevos que exigen una nueva visión del proyecto económico de Canarias. Nosotros somos la única fuerza en Canarias que, simultáneamente a las responsabilidades inherentes a los años de gestión del día a día en el Gobierno de Canarias, hemos sabido construir un nuevo ideario económico para lograr situar la economía de nuestra Comunidad entre las más competitivas del país y a la altura de la creciente competitividad europea e internacional.

Ahora en Canarias tenemos que sacar partido del esfuerzo realizado, aprovechar las infraestructuras de las que ya nos hemos dotado, nuestra posición internacional como potencia turística, nuestra eficiente red de transportes, la incipiente pero rápida integración en las nuevas tecnologías de la información de la cual son una muestra importante las empresas canarias, nuestro extenso sistema público educativo tanto en enseñanza general como universitaria y un largo etc. de factores de competitividad ya disponibles.

Nuestros programas electorales de 2004 -Generales- y de 2007 -Autonómicas- ya contienen los ingredientes esenciales de la nueva política económica de Coalición Canaria, tal es así que somos los creadores de conceptos, entre otros, como PLATAFORMA TRICONTINENTAL, EJE TRANSINSULAR DE TRANSPORTES, MERCADO INTERIOR ÚNICO CANARIO, MAR INTERIOR CANARIO -concebido este último como espacio político y como herramienta económica-, conceptos que hemos defendido con tal perseverancia que muchas de las fuerzas políticas que confrontan sus ideas y proyectos con nosotros los han adoptado de forma natural y hasta los incluyen actualmente en sus programas electorales.

Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-Partido de Independientes de Lanzarote es una fuerza dotada para el pacto en la búsqueda de lo mejor para Canarias, y de ello tiene multitud de exitosas muestras en la política local, canaria y estatal. CC-PNC-PIL no sólo se congratula de ello sino que, además, lo considera camino andado para el mejor futuro de Canarias y expone, una vez más, el ideario que articula su estrategia económica para la competitividad de Canarias en el siglo XXI, expresándolo ante la opinión pública, a todos los agentes económicos y sociales canarios bajo la certeza de la necesidad de adoptar NUEVAS FORMAS DE HACER ECONOMÍA, misión esta a la que dedicaremos nuestro mejores esfuerzos en la próxima legislatura estatal como expresión de nuestro compromiso electoral con los ciudadanos canarios.

Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-Partido de Independientes de Lanzarote propone a la sociedad canaria promover la siguiente fase de desarrollo económico y social, y adoptar medidas que modifiquen la inercia económica que nos ha servido hasta ahora y que ha cumplido su función. Debemos seguir creciendo de forma sostenible adecuando economía, territorio, población, justicia social, cultura y medio ambiente. Debemos, una vez más, incorporarnos a un mundo globalizado siempre en desarrollo. Canarias ha de lanzarse a hacer realidad las ventajas derivadas de nuestra posición geográfica, cultural y económica. En definitiva, ha de dar un nuevo salto que nos convierta en un Archipiélago atlántico, cruce de caminos de múltiples culturas, de comunicaciones marítimas y aéreas, de personas y mercancías, de comercio, de diálogo político de cooperación y solidaridad, de prestación de servicios, de punto de encuentro.

Ahora, hay que hacer realidad un nuevo modelo de desarrollo económico y social en el que Canarias sea un espacio único donde nuevamente la movilidad y la cohesión sean el elemento clave del desarrollo. Movilidad y cohesión para acabar con la lejanía interior y con la lejanía exterior, para luchar contra el aislamiento con respecto al mundo y contra la distancia entre una isla y otra. Un espacio único para una Canarias única y cohesionada, que no uniforme.

Para Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-Partido de Independientes de Lanzarote, la “Canarias, Archipiélago Atlántico” debe ser un objetivo irrenunciable en el nuevo orden económico mundial porque estamos obligados a seguir generando empleo de forma sostenida y sostenible, y porque tampoco podemos renunciar a la convergencia de renta y bienestar con los niveles medios europeos. Con ello, se pretende acentuar un modelo basado en una estrategia de desarrollo sostenible en las islas dentro de un marco global de mejora de la competitividad de los sectores económicos de Canarias.

Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-Partido de Independientes de Lanzarote plantea en su programa electoral las acciones que tiendan a cumplir los OBJETIVOS SIGUIENTES de cara a impulsar la economía canaria:

  • Favorecer el desarrollo sostenible.
  • Promover el desarrollo del capital humano.
  • Crear un mercado interior único en Canarias.
  • Internacionalizar y diversificar la economía canaria.
  • Dotar a los sectores económicos tradicionales de nuevos elementos de competitividad internacional y nacional.

En Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-Partido de Independientes de Lanzarote entendemos que la estrategia consecuente para reorientar el modelo de crecimiento (bloqueado por ago-tamiento de recursos físicos) consiste en acompasar los actuales procesos económicos en su evolución hacia los objetivos programados y superar sucesivas etapas transformadoras que nunca serán revolucionarias, tal como la experiencia de gestión y el empresariado canario nos aconsejan, para lo que debemos:

  • Moderar el crecimiento de aquellos sectores motores que crecen concibiendo el progreso como un simple récord de oferta cuantitativa pero sin atender a la dimensión cualitativa.
  • Impulsar nuevamente la diversificación e internacionalización de la economía canaria.
  • Actuar sobre las cualificaciones de la población canaria de cara al nuevo cuadro de competencia.
  • Impulsar la generalización en la sociedad canaria de la Sociedad de la Información y las actividades de I+D+i, tal y como se establece en otro apartado de este programa.
  • Actuar de forma coordinada con el Gobierno de España para eliminar la economía sumergida y la contratación irregular de inmigrantes que ocasiona un efecto llamada no sólo entre la población extranjera sino también en las mafias que trafican con personas.

Todos los predicamentos anteriores quedarán vacíos de contenido si no acompañamos su exposición de las propuestas concretas de actuación en la economía y la hacienda canaria como signo de madurez de gobierno y de compromiso social, tales como:

El Gobierno de España durante la finalizada legislatura dejó de recoger los compromisos financieros legalmente establecidos por el ordenamiento jurídico en vigor, especialmente a partir del último Presupuesto del Estado, por no respetar escrupulosamente todos aquellos procesos que reflejan los flujos de financiación ordinaria e inversora a Canarias, situando a la Comunidad cCanaria en una posición tal de vulneración de su ordenamiento legal que hasta este momento no había tenido precedente, y ello representó una clara condena a la pérdida de competitividad y hacia un crecimiento del ritmo de desaceleración económica en el que ya se encuentra envuelta.

La pasada legislatura supone, con dicho colofón final, un claro límite a las necesidades de desarrollo del modelo de financiación autonómica de Canarias, del régimen económico y fiscal de Canarias y, fundamentalmente, al desarrollo de los compromisitos legales adquiridos en nuestro Estatuto de Autonomía si bien, y por primera vez también, con el agravante de que compromisos recientemente adquiridos en los diferentes estatutos de autonomía de otras Comunidades Autónomas han sido inmediatamente aplicados, creándose con ello una asimetría legal que no tiene precedentes en nuestro país.

Posición de Coalición Canaria en la Política Macreoeconómica del Estado Español

Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-Partido de Independientes de Lanzarote ha apoyado históricamente la política de estabilidad presupuestaria y la ha interpretado en términos flexibles porque el Gobierno de España correspondía con Canarias con flexibilidad en el compromiso de ir asumiendo los asuntos financieros pendientes. La ruptura unilateral de dicha senda de soluciones por parte del PSOE, que fue siempre establecida desde la responsabilidad reciproca, ha sido interrumpida en diferentes medidas de desarrollo de los instrumentos de financiación que a Canarias corresponden legalmente y, ya finalmente, mediante el Presupuesto de 2008, instrumento éste utilizado como un arma de castigo político por su fracaso en el ámbito de la gobernabilidad de Canarias.

Lo cierto es que en la próxima legislatura, en reciprocidad, el Gobierno de España debe tener muy en consideración que las Comunidades Autónomas con problemas de crecimiento están haciendo importantes esfuerzos presupuestarios en el diseño de sus políticas económicas de apuntalamiento del desarrollo de la economía y el empleo. Este esfuerzo requiere, lógicamente, de presupuestos más expansivos pero sin que ello vaya en detrimento de la financiación de los servicios y prestaciones públicas de sus competencias y de los derechos legales históricos.

Y ya que los frutos económicos de la política de estabilidad se reflejan claramente en los presupuestos de Estado con un superávit sin precedentes, Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canaria-Partido de Independientes de Lanzarote entiende que el Gobierno de España tiene que impulsar una clara mejora de la economía real de nuestra Comunidad ahora que está manifestando los efectos de una desaceleración de su ciclo económico y de su clara debilidad estructural por su dependencia del exterior y por la falta de diversificación.

Por ello, Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-Partido de Independientes de Lanzarote se compromete a contribuir a desarrollar, con su acción política a nivel estatal, dos líneas de acción fundamentales EN POLÍTICA MACROECONÓMICA DEL ESTADO ESPAÑOL, que serán las siguientes:

  • Primera, como política de Estado, seguir avanzando y progresando hacia la CONVERGENCIA DE NUESTRA RENTA PER CAPITA CON LA MEDIA EUROPEA.

Es necesario un esfuerzo constante por la mejora de la competitividad de España mediante la solución del problema de la pérdida de productividad relativa de nuestra economía. Este esfuerzo se viene realizando en España a lo largo de las últimas legislaturas mediante la aceptación oficial de la Estrategia de Lisboa plasmada en el Plan Nacional de Reformas. Sin embargo, CC-PNC-PIL entiende que en la nueva legislatura se deben inyectar mas recursos estatales en dichos planes estructurales si es preciso renunciando a las rebajas fiscales de efecto electoral ofrecidas por el Gobierno de España, ya que todavía estamos lejos de la media europea en las cuestiones más importantes como son la competitividad y la productividad. El camino en el que se trabaja es un camino que entendemos acertado, pero su intensidad no lo es ya que los demás países europeos también han adoptado la estrategia de Lisboa por la competitividad de sus economías.

  • Segunda, y muy importante para nosotros, es que ese objetivo se combine adecuadamente con una apuesta decidida por la CONVERGENCIA INTERNA para lograr que todos los ciudadanos del Estado español tengan garantizados los mismos derechos y para que haya igualdad entre los ciudadanos independientemente del lugar del Estado español en que vivan.

En nuestra Comunidad existe un importante proceso real de pérdida de convergencia con el resto de España, ya que en solo seis años Canarias ha perdido cinco puntos porcentuales de convergencia con el resto del Estado. Es decir, estamos alejándonos de la media estatal y acercándonos menos a la europea que lo hace el resto del país, lo que pone de manifiesto la existencia de una España de dos velocidades.

Por ello, en la próxima legislatura, Coalición Canaria impulsará que los Planes de Reforma Estructural de la economía española, que no sólo deben ser potenciados económicamente, sacrificando si es preciso el exagerado superávit acumulado, sino que deben ser inyectados en comunidades que, como la Canaria, no se están beneficiando adecuadamente del citado Plan Nacional de Reformas (Estrategia de Lisboa). Todo ello, con el propósito de apuntalar financieramente con recursos estatales un programa económico para Canarias y evitar la pérdida de convergencia de nuestra comunidad.

La exigencia de unos nuevos planteamientos estatales que den soluciones muy especialmente enfocados a resolver los problemas de Canarias se deben, además de a motivos claros de legalidad, a una situación socioeconómica que es realmente preocupante en la actualidad ya que:

  • 1. El crecimiento económico en Canarias ha entrado en un proceso de desaceleración que no se corresponde con el comportamiento a nivel del Estado, muy condicionado por las Comunidades Autónomas primadas por el Gobierno socialista.
  • 2. En nuestra Comunidad existe un importante proceso real de perdida de convergencia con el resto del Estado.
  • 3. La economía canaria permanece tremendamente concentrada en el binomio serviciosconstrucción y lastrada con una grave dependencia del exterior.
  • 4. La presión que sobre el gasto público genera el crecimiento poblacional ha sido constante en la última década y los crecimientos de la población no se han reflejado en el modelo de financiación hasta hoy.

El Plan Nacional de Reformas debe, por ello, ser corregido para reflejar acciones financiadas directamente por el Gobierno de España en Canarias. No se puede olvidar que cuando en dichos planes se incluyen proyectos para el Archipiélago se debe generalmente a la existencia de Fondos europeos con destino a nuestra comunidad que exigen cofinanciación, motivo por el cual no es cierta la aseveración de que la actual Administración se ha ocupado convenientemente de Canarias, de lo que es prueba que los fondos estatales invertidos en Canarias nunca han alcanzado la media de la inversión regionalizada como le obliga el propio REF.

Dentro de esa planificación exigiremos un mayor volumen de inversión específicamente en los ejes del Plan Nacional de Reformas que se cruzan con nuestro programa de reformas económicas para Canarias, tales como:

 

Apoyos del sector público estatal a la generación de infraestructuras para el desarrollo y la convergencia de Canarias.

Coalición Canaria-Partido Nacoionalista Canario-Partido de Independientes de Lanzarote cree en la economía del siglo XXI y estamos firmemente convencidos de que hay razones para creer que Canarias puede ser algo más que un potente destino turístico.

Somos conscientes de la fragilidad de nuestros recursos naturales y atentos a la más que notable presión demográfica, y de que únicamente si nuestro modelo económico se basa en crecimiento de la productividad del trabajo, pero desligándolo del consumo de recursos naturales y de territorio, podremos asegurar un modelo de crecimiento sostenible y ello nos conduce necesariamente a plantear una nueva economía basada en el conocimiento.

Por ello, el Gobierno de España debe mejorar radicalmente los siguientes planes de acción en Canarias, todos ello factores clave para el desarrollo de una nueva economía.

 

Mejora de la integración de Canarias en el Plan Estratégico Estatal de infraestructuras

Los transportes y las comunicaciones son ejes estratégicos del progreso de Canarias en el nuevo modelo económico que proponemos en el presente programa -EL EJE TRANSINSULAR DE TRANSPORTES-. Para Canarias, en su condición de Archipiélago, las comunicaciones constituyen un elemento fundamental de su desarrollo social y económico. Igualmente, la movilidad es un derecho individual de especial relevancia en un territorio fragmentado, por lo que debe ser objeto de especial preocupación para las administraciones públicas y así lo asume Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-Partido de Independientes de Lanzarote. Por ello, el Estado debe potenciar al máximo su acción en Canarias dentro de este eje de su Plan de Reformas.

Desde CC-PNC-PIL, exigiremos que se concreten, de forma que actualicen y desarrollen con la Administración del Estado, las actuaciones precisas en materia de carreteras, costas, infraestructuras hidráulicas, puertos, aeropuertos y el nuevo sistema ferroviario canario, y que se incluya en el mencionado Plan Nacional de Reformas los objetivos a alcanzar, el programa de inversiones, el calendario y su financiación.

Por otra parte, desde el punto de vista de los costes para los ciudadanos, seguimos reclamando al Estado el principio de compensación territorial y de igualdad de oportunidades de todas las regiones reconocido en la Constitución y en el REF, lo que significa compensar una lejanía y una insularidad cuyo principal exponente es el coste de los transportes y las comunicaciones. Canarias, en ese sentido, debe situarse en igualdad de oportunidades que el continente consiguiendo unos costes de transporte y comunicaciones similares.

Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-Partido de Independientes de Lanzarote se reafirma en el objetivo establecido en pasadas elecciones de conceder a la política de transportes la importancia que merece como medio para alcanzar un desarrollo equilibrado de nuestro territorio insular reforzando el transporte terrestre para propiciar un desarrollo igualitario de todas las Islas, y potenciando el comercio y el transporte interinsular multimodal como instrumento para lograr la integración territorial de Canarias con el continente prestando especial atención a las comunicaciones marítimas y aéreas con Europa, América y África. En esta ocasión, además, lo hace desde la convicción de que este es el factor clave de la pervivencia de la economía canaria en un mundo globalizado.

 

Turismo. CC-PNC-PIL demandará del Gobierno de España la elaboración de un Plan Especial de Infraestructura Turística para una auténtica reconversión del sector turístico en España, y en especial en Canarias tal y como se hizo con la industria textil o la siderurgia en su día. Este plan debe permitir a la Comunidad Autónoma un adecuado desarrollo, renovación y mejora del sector con la implicación del Gobierno de España en su financiación de acuerdo con lo dispuesto en el REF.

Dado el peso del turismo en nuestra economía, Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario- Partido de Independientes de Lanzarote planteará al Gobierno de España lograr los objetivos siguientes: una oferta diferenciada de calidad más competitiva y adaptada a la demanda que, además, sea sostenible y territorialmente equilibrada. Este es para CC-PNC-PIL uno de los retos de Canarias, la renovación turística, puesto que, en cualquier caso, los nuevos planteamientos de desarrollo económico nunca sustituirán nuestra gran industria y, para ello, el Gobierno de España debe implicarse, junto con el Gobierno de Canarias y los empresarios del sector, en la reconversión de los establecimientos turísticos que suponga la especialización en un determinado tipo de turismo, el aumento de la categoría, el cambio de modalidad extrahotelera a hotelera o la incorporación de nuevos servicios.

El nuevo esfuerzo estatal deberá basarse en el apoyo de las líneas maestras siguientes:

  • La mejora en la calidad de la oferta turística con el aumento de la competitividad y calidad del conjunto de servicios que demandan los turistas (transporte individual y colectivo, restauración, diseño e interiorismo, seguridad, comercio, ocio, cultura, deportes, etc.).
  • La rehabilitación de los destinos turísticos maduros, tanto de la oferta alojativa y de las actividades complementarias como de su infraestructura, sin olvidar la revalorización de los entornos naturales.
  • La competitividad y liderazgo del tejido empresarial turístico.
  • La ampliación de servicios complementarios al visitante procurando una mayor redistribución territorial del gasto turístico. El logro de mayor valor: aumentar el gasto del visitante en nuevos servicios turísticos y servicios complementarios como golf, spa, gastronómicos, salud, marinos, culturales, de naturaleza, deportivos, convenciones, incentivos, formación, etc.

 

Mejora de la integración de Canarias en el Plan de Mejora del Capital Humano

Nuestro proyecto para la política de Estado en Educación pasa por conjugar la identidad de objetivos con los que tenemos en el Archipiélago en el ámbito de nuestras propias competencias. Esa identidad consiste en la mejora del sistema educativo hacia objetivos de calidad y eficiencia que permita que niños, niñas y jóvenes se formen como personas y adquieran, con tolerancia, pluralismo e igualdad, las aptitudes y los conocimientos necesarios para convivir en paz y libertad.

Todo ello con la prioridad de que las jóvenes generaciones reciban una formación integral y una auténtica capacitación profesional, el dominio de dos lenguas extranjeras al terminar la E.S.O., y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el aula, para lo que CC-PNC-PIL promoverá que la política educativa del Estado se realice atendiendo a:

  • La revisión y mejora de la financiación estatal para la Educación en Canarias, tal y como se indica en el apartado Educación, atendiendo a la compensación por unas transferencias mal dotadas y al esfuerzo financiero añadido que ha realizado la Comunidad Autónoma, en particular para terminar el Mapa Escolar de Canarias, atender la creación de nuevos centros donde existan demandas de la población y mejorar las infraestructuras de los centros más antiguos.
  • El establecimiento de un marco normativo idóneo para que las empresas colaboren en el desarrollo de los módulos FCT (Formación en centros de trabajo) de la nueva Formación Profesional.
  • Políticas que compensen las desigualdades.
  • La transferencia del sistema de becas universitarias y no universitarias, tal y como queda especificado en el apartado Educación de este programa.
  • Potenciar la Conferencia Sectorial de Educación como foro de debate de las políticas educativas del Estado y las Comunidades Autónomas.
  • Creación de un Fondo Estatal para la financiación de la implantación de la reforma educativa tanto universitaria como en los niveles no universitarios.

La convergencia en el espacio europeo de enseñanza superior se debe regular procurando plazos realistas para su adaptación.

 


Mejora de la integración de Canarias en la estrategia de investigación desarrollo en innovación –INGENIO 2010-

Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-Partido de Independientes de Lanzarote están convencidos de que el impulso de un amplio despliegue de la sociedad del conocimiento en Canarias permitirá neutralizar muchas de nuestras debilidades estructurales como región ultraperiféerica, y que el Gobierno de España debe acentuar la creación de oportunidades para quienes deseen desarrollar en Canarias proyectos empresariales centrados en la nueva economía.

Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-Partido de Independientes de Lanzarote considera necesario que es preciso reivindicar del Gobierno de España, con el objeto de dar el impulso que requiere la plena implantación en las Islas de la sociedad de la información y el desarrollo con carácter específico en Canarias del Plan Avanza, para incorporar aceleradamente al Archipiélago a la nueva Sociedad de la Información y romper así definitivamente con los obstáculos que históricamente han frenado el desarrollo de las Islas: la lejanía y el aislamiento. En este sentido, tenemos que reconocer que si bien los últimos presupuestos del Estado han priorizado dotaciones sin parangón para la mejora del tejido productivo, estos recursos aún están por llegar a Canarias.

Las condiciones peculiares de la economía de regiones como Canarias, con sectores económicos de referencia ligados a actividades de baja intensidad tecnológica, la dimensión del tejido económico formado por micropymes o la fragmentación de los mercados hacen muy difíciles los incrementos en gastos en I+D+i, sobre todo los provenientes de inversión privada y, por tanto, las dificultades para alcanzar objetivos tan ambiciosos como los de la Agenda de Lisboa.

En estos años de gobierno la tendencia ha sido de superación de este handicap estructural con la inclinación al crecimiento de muchos indicadores hasta alcanzar los objetivos previstos para 2007, lo que sitúa a Canarias en la buena senda para participar de los objetivos de la Cumbre de Lisboa. Asimismo, los incrementos en los indicadores asociados a la innovación empresarial son significativos y reflejan el esfuerzo inversor en innovación de nuestras empresas. Los porcentajes de gastos en innovación crecen por encima de los porcentajes de gastos en I+D y estos crecimientos están muy por encima de las medias nacionales y muestran una tendencia: la clara apuesta del tejido empresarial canario en relación con la innovación.

Exigiremos al Gobierno de España la implantación en Canarias de un amplio paquete de medidas en este apartado dada la gran base tecnológica que necesita el desarrollo de un modelo de competitividad económica orientado a la globalización:

  • Aumentar el nivel de inversión en I+D+i sobre el PIB aumentando el gasto privado y público.
  • Impulsar la colaboración entre el mundo de la investigación, la empresa y la Administración.
  • Intensificar la transferencia de tecnología a través de las redes de transferencia de tecnología con el despliegue de redes de soporte a la innovación tecnológica, redes de centros tecnológicos y redes de centros de difusión tecnológica.
  • Potenciar los centros de innovación existentes en Canarias –astronomía, ciencias del mar, productos naturales, microelectrónica, energías alternativas, ciencias agrarias- a efectos de que contribuyan al desarrollo tecnológico interno y extiendan la tecnología a los países próximos.
  • Favorecer la localización en Canarias de centros de innovación tecnológica especializados en transferencia de tecnología a los países en vías de desarrollo y relacionados, también, con la salud y el medio ambiente.
  • Fomento de la iniciativa empresarial de base tecnológica facilitando la aparición de nuevos proyectos empresariales de base tecnológica.
  • La formación para la tecnología y la innovación es uno de los aspectos fundamentales para el futuro éxito de la economía competitiva. Se propone introducir en los subsistemas de FP materias y módulos específicos de acceso a la cultura de la investigación, la innovación, la actividad emprendedora y el uso habitual de las TIC en un contexto de constante adaptación de los currículos formativos a las necesidades de las empresas.
  • En el caso de la formación continua, el fomento del uso de herramientas TIC, el aprendizaje virtual o e-learning, además de la inclusión de módulos obligatorios sobre innovación, nuevas tecnologías y organización de empresa.
  • Ejecución de Planes de telecomunicaciones con los objetivos básicos de evitar la fractura digital, impulsar el uso de las TIC tanto en el sector público como en el sector privado y desarrollar las infraestructuras de telecomunicaciones en los polígonos industriales de acuerdo con la Estrategia Sociedad de la Información, que, además, entre otros tendrán como fin las cuestiones referidas a continuación.
  • Acelerar el despliegue de la banda ancha con un plan de acción que incorpore ayudas públicas, orientado a las áreas de baja demanda e insuficientemente atendidas.
  • Fomentar la demanda de TIC, tanto desde el sector público como desde el sector privado, para el que se propone las iniciativas siguientes: impulsar el uso de las TIC en las PYME mediante el establecimiento de ayudas, fomentar la investigación referida a las TIC con el fin de desarrollar un polo de competitividad con el concurso de las empresas del sector, y desplegar infraestructuras de telecomunicaciones en los polígonos industriales y zonas de alta densidad empresarial.
  • El nivel de dotación en infraestructuras y equipamientos de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en todas las islas se equipare a la media comunitaria.

Este despliegue de medidas persigue posicionar a Canarias internacionalmente como un ecosistema innovador, es decir, un sistema de ciencia, tecnología e innovación basado en el aumento de la masa crítica asociada en redes y en la colaboración pública y privada para el desarrollo regional.

Dicho proyecto tiene la perspectiva de abordar un nuevo modelo de gestión empresarial, el de la capacidad de gestionar los conocimientos internos y externos que poseen los recursos humanos de las organizaciones como una fuente estratégica de obtención de ventajas competitivas. Por ello, se basa en los recursos humanos, en la información y en el conocimiento como elemento diferenciador de la competitividad. La apuesta de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-Partido de Independientes de Lanzarote está enfocada a la capacidad de convertir el capital humano y sus conocimientos en el capital más rentable de las organizaciones y empresas canarias.

CC-PNC-PIL considera que, con el objeto de dar el impulso que requiere la plena implantación en las Islas del desarrollo de la innovación, es preciso reivindicar del Gobierno de España el desarrollo con carácter específico en Canarias de los recursos articulados en el Plan Ingenio 2010 en sus tres instrumentos: CÉNIT (con el objetivo de aumentar la cooperación pública y privada), CONSOLIDER (para incrementar la masa crítica y la excelencia investigadora) y AVANZ@ (que pretende alcanzar la convergencia con la UE en Sociedad de la Información).

En este sentido, es un requerimiento ineludible para el Archipiélago y su desarrollo el compromiso del Estado con Canarias para incorporar aceleradamente al Archipiélago a la nueva Sociedad del siglo XXI y romper así definitivamente con los obstáculos que históricamente han frenado el desarrollo de las Islas: la lejanía y el aislamiento.

Mejora de la integración de Canarias en las políticas de empleo del Estado

En esta materia, Coalición Canaria, a través de la acción de sus grupos parlamentarios en las Cortes Generales, ha conseguido unos resultados sin precedentes que, en estrecha relación con las políticas practicadas por el Gobierno de Canarias, se han reflejado en una importante generación de nuevos puestos de trabajo.

En los últimos años de esta legislatura, el Gobierno de España viene amagando con suprimir dicho Plan, sometiendo a Canarias a un permanente chantaje que no se corresponde con el gran repunte que la cifra de paro en las Islas nos viene mostrando desde 2004 hasta hoy. Por ello, Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-Partido de Independientes de Lanzarote planteará al Gobierno que salga de las urnas mejorar radicalmente en la nueva legislatura el impulso a la creación de empleo en Canarias a través de las siguientes propuestas:

  • Mantenimiento del acuerdo de cofinanciación del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) gestionado en exclusiva por la Comunidad Autónoma hasta que la tasa de paro esté en la media estatal.
  • Dotarnos de servicio de inspección laboral competente y con capacidad de adaptarse al hecho insular para, así, luchar con eficacia contra la economía sumergida, los elevados índices de siniestralidad laboral, el empleo irregular y los incumplimientos de la normativa laboral, en general.
  • Potenciar el Servicio Público de Empleo mejorando sus niveles de eficacia. Un enfoque integral del servicio público de empleo que coincide, plenamente, con las directrices de la UE en esta materia y los compromisos sobre empleo y formación asumidos por el Estado español.
  • Incidir, en la línea ya desarrollada durante las últimas legislaturas de las Cortes Generales, en la necesidad de que se contemple el hecho insular y ultraperiférico en las leyes y programas estatales.

Como complemento de las políticas estructurales del Estado en Canarias, Coalición Canaria- Partido Nacionalista Canario-Partido de Independientes de Lanzarote plantea los siguientes compromisos de su programa de trabajo en la próxima legislatura:

Impulsar la aprobación de un número Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Con la incorporación de las siguientes garantías:

El Gobierno de España debe resolver, entre otros, el problema de la integración de los “hechos diferenciales” en la actividad política de las instituciones de ámbito estatal y continental.

Lejanía e insularidad constituyen el hecho diferencial natural que determina nuestra historia como Pueblo durante más de cinco siglos y de él se deriva el histórico pacto Canarias-Estado por un régimen económico librecambista y un régimen fiscal diferenciado: el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF).

Reconocida institucionalmente en la Unión Europea la condición ultraperiféerica de Canarias, por una parte, y devaluado ampliamente el actual contenido del REF por parte del Gobierno de España en su afán central uniformador al haber exportado sus mecanismos económicos a otras Comunidades periféricas españolas tales como las de Baleares, Ceuta y Melillla, el contenido actual del REF ha quedado claramente obsoleto para desarrollar el hecho diferencial canario: la ultraperiferia.

La necesidad irrenunciable de mantener vivo y al día el REF como pilar de la economía canaria nos conduce a la exigencia de plantear un nuevo diseño del mismo que permita su contribución de forma dinámica al modelo de desarrollo elegido por los canarios y que, además, como pilar del crecimiento económico, actúe como herramienta de la transición hacia el nuevo modelo de crecimiento sostenible de Canarias. El rediseño del REF de Canarias se debe interpretar políticamente como una responsabilidad de conservación de nuestro régimen especial de carácter histórico y sin perder de vista su carácter de instrumento al servicio de la economía canaria. Por ello, ha de ser adecuado al nuevo escenario de competitividad internacional a medio y largo plazo, dado que es evidente que la tardanza en su completo desarrollo ha generado importantes carencias técnicas en alguno de sus mecanismos.

Por ello, desde este último punto de vista, son irrenunciables para Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-Partido de Independientes de Lanzarote las modificaciones derivadas de la necesidad de adecuar los incentivos fiscales del REF a la generación de una economía de valor añadido posibilitando la expansión de los empresarios canarios en el nuevo orden económico mundial, y se pondrá especial énfasis en:

La Reserva para Inversiones en Canarias. Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-Partido de Independientes de Lanzarote mantendrá la defensa y la potenciación de este incentivo fiscal que tantos beneficiosos efectos ha propiciado en la economía canaria, ya que ha contribuido permanentemente con varias décimas en el crecimiento del PIB, y en esa defensa mencionará los beneficiosos efectos que ha tenido sobre la salud empresarial canaria, ya que ha potenciado su capitalización y fortaleza financiera. Además, tampoco es desdeñable su indudable impacto en la generación y mantenimiento del empleo en Canarias.

Negociaremos con el Gobierno de España la permanencia de la RIC basándonos en las debilidades estructurales de esta región ultraperiféerica hasta conseguir que sea un instrumento permanente de la economía canaria. Mejoraremos su actual diseño para ajustarlo a las nuevas necesidades cualitativas de nuestro nuevo modelo económico tal como ya venimos trabajando desde el Gobierno de Canarias.

En la nueva RIC se considera imprescindible la PARTICIPACIÓN EFECTIVA la Comunidad Autónoma en la supervisión de su programación y ejecución, y el traslado de la gestión del impuesto de sociedades a la Agencia Tributaria Canaria como forma efectiva de participación en la aprobación del los recientemente creados PLANES DE INVERSIÓN VINCULANTES DE LA RIC.

La Zona Especial Canaria Este es el incentivo que está específicamente diseñado para la diversificación de la economía canaria. Por ello, es de vital importancia por su previsible impacto en la competitividad potenciar su capacidad de penetración en la economía real de las Islas en el escenario del nuevo modelo que nos proponemos.

CC-PNC-PIL estima que se debe perseverar en el nuevo diseño de la ZEC el convertirla en una verdadera herramienta de atracción de inversiones extranjeras de valor añadido, reforma que tradicionalmente es denegada desde la instancia del poder central que la mantiene cautiva cuando países como Irlanda aprovechan al máximo este tipo de instrumentos autorizados por la Comisión Europea para conseguir una de las economías más competitivas de la UE. Es de capital importancia extender las zonas acotadas de la ZEC a todo el territorio acabando con el anacronismo que mantiene el Gobierno de España en este régimen fiscal.

En el nuevo modelo ZEC se considera imprescindible que la gestión del Consorcio de la ZEC sea de la Comunidad Autónoma, y aumentar el peso de su presencia en dicho organismo hasta el 75%. La reforma organizativa dará pie a la presencia directa de empresarios y emprendedores en la gestión de dicho Consorcio.

Y la revisión puntual de cada uno de sus mecanismos dinamizadores como son, entre otros, los siguientes:

  • La transferencia a Canarias de las facultades legislativas de los impuestos derivados del REF (IGIC y AIEM).
  • Profundizar en la política de subvenciones al transporte aéreo y marítimo de manera que los costes de movilidad de pasajeros y mercancías sean menores y equivalentes al precio que se soporta en el territorio continental.
  • Ampliar las ventajas del Registro Especial del Buques al transporte aéreo interinsular o, en su caso, implantar un Registro Especial de Aeronaves en Canarias.
  • Profundizar en la liberalización de los servicios portuarios y aeroportuarios.
  • Garantizar que las reducciones en las tarifas de servicios aplicadas en los puertos y aeropuertos de Canarias se amplíen y consoliden definitivamente en la legislación, y que la disminución en los ingresos que originen para dichas infraestructuras se compensen anualmente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
  • Proponer iniciativas que fomenten la implantación de centros logísticos de distribución en Canarias.
  • Desarrollar los puertos y aeropuertos canarios como elementos de redistribución de personas y mercancías con destino al sur de Europa y al oeste africano.
  • Mantenimiento del AIEM que discrimine favorablemente la producción interior. Es una medida comunitaria pero la actitud del Gobierno de España, tradicionalmente protector de la industria peninsular, puede ser decisiva.
  • Apoyo singular a PYMES.
  • Valoración preferente a sectores de nuevas tecnologías, reciclaje y reutilización, agricultura biológica y de exportación
  • POSEICAN Industrial. Esta denominación engloba medidas para permitir a las industrias agroalimentarias canarias la utilización de materias primas del REA para reexportación a terceros países, además de una interpretación generosa de las corrientes tradicionales de comercio.
  • Exigir la transferencia de la gestión de las competencias de comercio exterior de Canarias, especialmente con el continente africano y Latinoamérica.
  • Hacer efectiva la cooperación en la inspección del comercio exterior y de las previsiones del artículo 15 de la ley 19/1994 del REF.
  • Utilizar a Canarias como plataforma española para las actividades de cooperación y comercio con el mismo continente haciendo operativo el Consejo Asesor para la Promoción del Comercio con África Occidental creado por el artículo 18 de la misma Ley.
  • Incrementar las labores de promoción establecidas en ese mismo artículo y sobre el cual no ha habido desarrollo alguno.
  • Conseguir de la Unión Europea una interpretación flexible del concepto de corrientes tradicionales de comercio y, al mismo tiempo, la reexportación de productos elaborados con materias primas REA con compensación, en su caso, de ayudas con las restituciones equivalentes.
  • Facilitar el establecimiento de zonas francas abiertas en todas las Islas Canarias para permitir el depósito y reexportación a terceros países de productos manufacturados o elaborados mediante tráfico de perfeccionamiento.
  • La consideración de las Islas como territorio continuo a efectos de los precios de todos los servicios de telecomunicaciones. La Ley de Régimen Económico y Fiscal de Canarias reconoce la singularidad de nuestro territorio. Los costes adicionales que las empresas y ciudadanos soportan por los efectos de la singularidad deben corregirse con la oportuna normativa que evite el pago del “mar” entre las islas para la prestación de los diferentes servicios de telecomunicaciones. Por otra parte, las modernas redes hacen que el factor distancia no sea un elemento considerable a la hora del establecimiento de los precios, lo que facilita la implantación de esta acción.
  • Revisión integral de las medidas de política energética previstas actualmente en el REF. La energía, junto con el suelo, son los factores limitantes estratégicos del desarrollo canario, ya que la tecnología ha convertido el problema de la carencia de recursos hidráulicos en un problema energético

Por ello, la energía es un factor básico a considerar de forma integral que precisa una regulación administrativa y una política de fomento que Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario- Partido de Independientes de Lanzarote pretende aplicar a las siguientes medidas: diversificación de fuentes energéticas, modernización de las centrales de generación, fomento de energías alternativas a las tradicionales, y racionalización y ahorro energético. La energía eléctrica, por su versatilidad, permite la diversificación de las fuentes energéticas y, por ello, ha de ser objeto de regulación especial y de necesaria cooperación interadministrativa entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno de España. Del mismo modo, se solicitan las competencias sobre las autorizaciones para las instalaciones de energía eólica en las aguas interinsulares.

Recuperar el déficit histórico generado por la actual administración socialista por el incumplimiento del REF inversor en su interpretación de la legislación financiera que afecta a Canarias.

Nuevo diseño de la cláusula del REF para definir y cuantificar sin ningún género de dudas el régimen especial de inversión del Gobierno de España en Canarias, y que formará parte integrante de la acción estructural de carácter económico que el Gobierno de España se obliga a desarrollar en Canarias. Todo ello, en ejecución de un estatuto diferencial dentro de nuestro Estatuto y de acuerdo con las previsiones de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía en vigor.

Reivindicaremos, en concepto de inversión estatal incumplida, los fondos canarios que han ido a parar al exagerado superávit de las cuentas estatales, la detracción de recursos de la financiación autonómica mediante el cobro ilegal de un cupo por la extinción del IGTE a causa de la implantación del REF (el Presupuesto de ingresos del Estado figura cuadrado con ingresos provenientes del Fondo de Suficiencia de la Comunidad Canaria sin que dicha operación o apunte de los ingresos del estado aparezca dotada de legalidad) con el compromiso de inyectar dichos fondos obtenidos en Planes De Reformas Estructurales de la Economía Canaria tendentes a resolver nuestra perdida de competitividad internacional.

Objetivo RUP. Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-Partido de Independientes de Lanzarote defenderá que se mantengan las ayudas europeas a las regiones ultraperiféricas, con independencia del nivel de renta, a través de lo que hemos venido denominando objetivo RUP. Defenderemos el mantenimiento de fondos provenientes de la Unión Europea en los que se tenga en cuenta el peso ambiental, paisajístico, económico y poblacional de Canarias y el reconocimiento de su condición de región ultraperiférica.

Lograda la calificación RUP y asimilada plenamente en el derecho comunitario europeo seguiremos trabajado en culminar su desarrollo normativo. En los próximos años creemos necesario proceder a:

  • Garantizar el nivel máximo de acciones, ayudas y fondos europeos, estructurales y permanentes dados los déficit estructurales que implica la ultraperificidad (objetivo RUP).
  • La consolidación de las medidas arancelarias específicas y de las excepciones comerciales del POSEICAN y otras destinadas a sectores sensibles y ultrasensibles.
  • La inclusión de los intereses de las RUP en los acuerdos internacionales de la Unión Europea.
  • La consolidación de las medidas necesarias en materia de agricultura, ganadería y pesca teniendo en cuenta la revisión del POSEICAN agrícola.
  • El mantenimiento de la producción