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INTRODUCCIÓN

La Legislatura del Estado 2004-2008 ha sido una de las más duras de la reciente etapa democrática española. Marcada en su origen por el atentado terrorista más grave de la historia de España , el del 11-M, su desarrollo ha roto el espíritu de los grandes acuerdos de la transición y no se han pactado entre los partidos centralistas -PSOE y PP- políticas que, generalmente, han sido objeto de acuerdo como la política exterior, la lucha contra el terrorismo o las de inmigración y extranjería, así como los ya urgentes y necesarios acuerdos, como ha sucedido en otros países europeos, en relación al futuro de los sistemas educativos y sanitarios.

La primera parte de esa legislatura estuvo marcada por un Partido Popular muy condicionado en sus duras acciones de oposición por su inesperada salida del Gobierno. La segunda -especialmente el último año- por el sectarismo en la acción del Gobierno socialista. Así, el PSOE ha practicado una política autonómica basada en su interés político de partido favoreciendo a unas Comunidades Autónomas frente a otras, lo que ha resultado especialmente grave para Canarias, que ha visto frustradas sus aspiraciones de más autogobierno con el bloqueo que el PSOE realizó a la propuesta de nuevo ESTATUTO para Canarias. A esto hay que añadir que Canarias, en la legislatura terminada, ha estado recibiendo una financiación por parte del Gobierno de España, tanto para los servicios esenciales como para el desarrollo de infraestructuras, inferior a la que nos corresponde por población, lo que la sitúa por debajo de la media que reciben las restantes comunidades autónomas del Estado, a lo que se ha de sumar el gran fracaso y los numerosos errores de Zapatero y de su Gobierno en el tratamiento de la inmigración irregular y en materia antiterrorista.

Además, el Gobierno de Zapatero no ha sabido reconducir los fracasos en política exterior de la última etapa del Gobierno de Aznar, lo que ha significado una pérdida de protagonismo y credibilidad de España en lo referente a políticas europeas y a su posición internacional.

Las mejoras superficiales en las políticas sociales, sin compromiso presupuestario y con un falso debate de confrontación ideológica con el PP, ocultan la ausencia de propuestas para modernizar y mejorar los servicios públicos hasta tal punto que, incluso, se han producido retrocesos en la cohesión de los sistemas educativo y sanitario de España.

El PP y el PSOE han centrado el debate político y su actuación en las instituciones en el enfrentamiento partidista y se han olvidado de que el principal objetivo de la acción política es contribuir a resolver los problemas de los ciudadanos.

Las posiciones extremas de los dos partidos estatales, la ausencia de posiciones moderadas para buscar el consenso para afrontar los principales problemas del Estado y de los ciudadanos es el resumen de la legislatura terminada.

Finalmente, en una huída hacia delante, ha habido una falta de previsión y ninguna medida para afrontar un nuevo período de enfriamiento económico que, aunque de origen financiero, está ocasionando ya importantes repercusiones en las economías domésticas, con pérdida de poder adquisitivo para las clases medias y bajas. Esa tendencia con la que el PSOE cierra la legislatura resulta especialmente grave para una economía de servicios como la canaria, con medias salariales más bajas, y en la que las tendencias inflacionistas y el paro producen efectos más rápidamente. Como ejemplo, en los últimos días del Gobierno de Zapatero estamos viendo que, mientras más aumenta la preocupación ciudadana por estos asuntos, más aumenta la competición entre el PP y el PSOE por ofertar de forma improvisada más rebajas fiscales.

Paralelamente, las Elecciones Autonómicas de 2007 dibujaron un panorama político en el Archipiélago que exigió acuerdos para la gobernabilidad desde CC y con el PP para garantizar la solidez de la acción del Gobierno de Canarias sobre una alianza programática durante el periodo 2007-2011. La estrategia del PSOE ha sido el ataque indiscriminado al nacionalismo responsable y solidario que CC-PNC-PIL representa, la ruptura de la unidad de Canarias como táctica, y el pacto con los tránsfugas intentando debilitar con ello las posiciones de fuerza que puede darle a Canarias en la próxima legislatura una coalición nacionalista con peso.

No obstante, la actividad de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-Partido de Independientes de Lanzarote en las Cortes Generales se realizará con el objetivo de que los canarios y canarias sigan teniendo voz propia en Madrid, incidirá en la defensa de nuestras singularidades como territorio ultraperiférico de la Unión Europea, en la necesidad de que en España se reconozca nuestro estatuto especial y de que las políticas legislativas, financieras y presupuestarias del Estado se adapten al mismo. Nuestra contribución a las políticas del Gobierno de España se realizará desde la responsabilidad pero estará supeditada a esos objetivos y al respeto a la acción de la Comunidad Autónoma de Canarias en su ámbito de autogobierno. Se trata de actualizar y fortalecer con nuestra presencia en las Cortes Generales la bilateralidad en la relación Canarias–Estado.

La acción de CC-PNC-PIL en Madrid, en el Congreso y en el Senado, se conforma sobre esos principios y nuestro programa, en la contribución que desde ese ámbito podamos realizar para lo que hemos llamado “La segunda modernización de Canarias”. Nuestro compromiso con las políticas de Estado se producirá en la medida que respeten ese objetivo y, en general, con las iniciativas que generen progreso y hagan efectivos los principios de libertad e igualdad. No debemos olvidar que en las próximas elecciones de marzo, Canarias no vota a los que quieren ser presidentes de España, vota por quienes desde Canarias van a defender sus intereses en Madrid.

Los nuevos objetivos y retos que Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-Partido de Independientes de Lanzarote proponen para Canarias para el periodo 2008-2012 son posibles gracias al fruto de la acción de CC en todas las instituciones desde 1993, con la que se ha logrado que la transformación y el avance del Archipiélago hayan sido extraordinarios.

El período 93-2000 constituyó un ciclo de expansión y crecimiento en un tiempo en el que el nivel de renta de los canarios estaba por debajo del 75% de la renta media europea. La consolidación en el Tratado de la Unión del Estatuto de Región Ultraperiférica en tiempos del Presidente Manuel Hermoso (1997) representó una consagración de nuestro futuro no sólo en el plano económico sino político.

El período 2000-2007 ha sido el de fortalecimiento económico y la modernización. Con importantes avances en las infraestructuras públicas y en el transporte, y con significativas inversiones de modernización en materia educativa y sanitaria, se optó por un modelo de límites al crecimiento para evitar daños irreparables al territorio y al medio ambiente a través de las Directrices y de la Moratoria turística. No obstante, los crecimientos poblacionales intensos, fundados en gran parte en inmigración irregular, han producido desajustes en el funcionamiento de los servicios públicos.

Con la confianza de nuestra gente hemos iniciado la segunda etapa de modernización de Canarias (2007-2020) que abarca los dos nuevos ciclos de la programación financiera europea. Se trata de un período en el que Canarias debe cobrar un protagonismo especial en la Región atlántica de la que forma parte, con un estatuto especial en España y como espacio europeo en un territorio geográficamente no europeo, lo que la convierte en una auténtica plataforma de Europa hacia África. Sólo la coalición nacionalista formada por CC-PNC-PIL y las agrupaciones unidas en Gran Canaria están en condiciones de liderar ese nuevo período de identidad y de desarrollo social y económico porque representamos a Canarias sin ataduras, sin dependencia de estructuras centrales que deciden desde Madrid, y que impiden y recelan de esa posición líder y autónoma.

Tenemos que converger con los pueblos más avanzados de Europa preparando a Canarias para ser más competitiva en un mundo cada vez más globalizado. Tenemos que conseguir que se garantice el pleno empleo, que se nos permita el despegue industrial y se asiente nuestra posición como plataforma de servicios y cooperación con África, con especial atención a la innovación turística.
Para ello, es esencial que, una vez reformulado el tratado constitucional europeo, que mantiene el mismo tratamiento previsto para las regiones ultraperiféricas, contribuyamos al desarrollo de ese estatus, de ahí la importancia de seguir siendo la voz de Canarias en Madrid. La segunda modernización de Canarias será la garantía de la cohesión social y territorial, manteniendo y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos de Canarias, un único pueblo asentado en siete islas que, con su mar, constituyen un archipiélago. Una tierra única en la que los ciudadanos y ciudadanas tengan los
mismos derechos y oportunidades donde quiera que residan.

La acción política que en el Congreso y en el Senado realizaremos para contribuir desde el Estado a la segunda modernización de Canarias la haremos posible cumpliendo los siguientes OBJETIVOS:


 

1. MODELO DE ESTADO Y NUEVO ESTATUTO DE AUTONOMÍA

Es imprescindible para mejorar la calidad de vida de los canarios que los hechos diferenciales específicos de Canarias, insularidad, fragmentación y lejanía, además de los comunes con otras nacionalidades (cultura y máximas cotas de autogobierno), nos permitan mantener una posición ventajosa, pese a las resistencias de las formaciones políticas centralistas que, como ha sucedido a lo largo de los siglos, siguen sin asumir definitivamente la necesidad de atender
adecuadamente esas especificidades canarias.

Para ello, para que se atiendan nuestras singularidades, no sólo es imprescindible conservar sino aumentar el poder político, el apoyo electoral, tanto en el ámbito canario como en el estatal (manteniendo la condición de voz de Canarias en Madrid a través de los Grupos Parlamentarios en el Congreso y en el Senado), lo que nos permitirá contribuir a la gobernabilidad de las distintas instituciones estatales desde la responsabilidad pero condicionada al respeto a nuestras singularidades como territorio ultraperiférico de la Unión Europea, a nuestro estatuto especial en España y a que las políticas legislativas, financieras y presupuestarias del Estado se adapten a nuestras singularidades.

Hemos desarrollado un proyecto político netamente canario que a lo largo de estos años se ha demostrado eficaz para nuestros municipios y cabildos, y que ha contribuido a afianzar los cimientos de la construcción archipielágica de Canarias desde el equilibrio y la solidaridad. Ese mismo proyecto propugna un Estado plural que reconozca su diversidad territorial y defienda la lejanía e insularidad como hecho diferencial específico. Trabajamos también para que la integración europea se realice contemplando no sólo las realidades estatales sino desde el respeto a la Europa de los Pueblos y a nuestra consideración como frontera sur de Europa.

Una vez que la Constitución de 1978 ha cumplido su objetivo mediante la fórmula constitucional, que consagraba más que otra cuestión el compromiso a medio camino entre las reivindicaciones de la ciudadanía activa y la lucha antifranquista, hoy, ante las exigencias de los diferentes territorios que conforman el Estado español, considerando a éste desde el punto de vista político-sociológico como Estado Plurinacional, se hace necesario un proceso político que bien pudiera denominarse 2ª Transición, que abarque un Modelo de Estado avanzado y más acorde con las exigencias territoriales para garantizar una mejor relación entre Estado y las diversas Naciones que la conforman.

Ese modelo debe resolver, entre otros, el problema de la integración de los hechos diferenciales, configurando de manera definitiva un esquema asimétrico en el que la lejanía y la insularidad constituyan el hecho diferencial natural que determine la relación con el Estado derivada de nuestra historia como Pueblo durante más de cinco siglos y del secular pacto con la Corona que configuró el régimen económico librecambista y fiscal diferenciado (el REF).

Sin perjuicio de nuestra concepción solidaria con otros pueblos de España, desde CC-PNC-PIL propugnamos la necesidad de profundizar en esa relación bilateral entre Canarias y el Estado que definitivamente fije el modelo de relación e integración en la España plural.

La posición política de CC-PNC-PIL en la gobernabilidad del Estado ha posibilitado esa relación pero, lejos de cualquier coyuntura política, esa relación debe fundarse en su diferencia y singularidad frente al conjunto de las Comunidades Autónomas continentales, incluidas las denominadas históricas.

La defensa de una BILATERALIDAD exige que reforcemos nuestra acción política para garantizar voz canaria en Madrid, a través de los Grupos Parlamentarios de CC-PNC-PIL en el Congreso de los Diputados y en el Senado, con los que poder condicionar la acción de los gobiernos de turno para poder aumentar los espacios de decisión propia de los canarios (mayores cotas de autogobierno) y que en los asuntos que deban decidir los órganos estatales se tenga en cuenta nuestras especificidades (principio de modulación).

Lógicamente, no pretendemos desde Canarias gobernar España en solitario pero sí contribuir decisivamente, desde ese moderno nacionalismo y con la experiencia acumulada en los últimos años, a su gobernabilidad introduciendo moderación en el debate polarizado en los dos grandes partidos estatales aportando una visión asimétrica pero solidaria de la articulación territorial del Estado español, y de progreso en las políticas de desarrollo y sostenibilidad del bienestar de los ciudadanos.

La posición ventajosa de CC-PNC-PIL en su relación con los partidos que han ocupado el Gobierno de España ha hecho posible que nuestras aportaciones hayan sido claves para que proyectos como la reforma laboral o la educativa se aprobaran con enmiendas constructivas, como también ha hecho posible la aprobación de otras normas hechas específicamente para Canarias. Tanto ha sido así, que las aportaciones de CC-PNC-PIL han cambiado sustantivamente muchos planteamientos restrictivos y limitadores formulados inicialmente.

La meta que debe marcarse el nacionalismo de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-Partido de Independientes de Lanzarote debe dirigirse hacia el logro de un objetivo concreto que es la cimentación de Canarias como Nación para paulatinamente irse consolidando y desarrollar los recursos jurídicos-administrativos-financieros necesarios para tal fin.


Por un Estado Plurinacional

Tras 25 años de vigencia del actual modelo constitucional, creemos que ha llegado el momento de acometer las reformas institucionales necesarias para acabar de construir el Estado de las Autonomías en el que las nacionalidades y regiones que componen el Estado colaboren entre sí y con las instancias centrales, y se reconozcan y desarrollen los distintos hechos diferenciales.

En ese marco, Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-Partido de Independientes de Lanzarote, implicados como están en la construcción de un auténtico Estado Plurinacional, proponen:

  • Una reforma del Senado que lo convierta en una auténtica y útil cámara de representación territorial de corte federal con funciones propias y exclusivas sobre las cuestiones autonómicas (Estatutos de Autonomía, leyes básicas, financiación, solidaridad interterritorial, etc.), y donde las Comunidades Autónomas estén representadas en exclusiva.
  • Una profundización del autogobierno de las Comunidades Autónomas propugnando una evolución hacia un modelo asimétrico de estructura federal, defensor de la solidaridad entre comunidades pero también diferente en razón de las peculiaridades de cada territorio.

Para ello, es conveniente plantearse, por los cauces democráticos previstos en ella, una modificación de la Constitución en la que Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-Partido de Independientes de Lanzarote debe asumir un papel activo.

Así, proponemos incluir en esa reforma constitucional:

  • Evolución del modelo territorial profundizando en la descentralización política acercándolo a la simplicidad federal a través de una nueva distribución competencial en favor de las Comunidades Autónomas.
  • Adaptación del Senado a la realidad del Estado de las Autonomías.
  • Supresión de la discriminación en favor del varón en la sucesión a la Corona.
  • Establecimiento de una mayoría cualificada de tres quintos del Congreso de los Diputados para autorizar misiones de las fuerzas Armadas fuera del territorio español.
  • Adaptación a la nueva Constitución Europea.

A lo que añadimos tres cuestiones relacionadas específicamente con Canarias:

  • Que la propia Constitución contenga la delimitación de las aguas archipielágicas, lo que resolvería cualquier duda en relación con el Derecho Internacional.

  • Que la Constitución establezca el efecto obstativo del Informe preceptivo del Parlamento de Canarias en las modificaciones estatales del REF.

  • Que además del hecho insular (art. 138 CE), la propia Constitución reconozca la lejanía como hecho diferencial canario (lo que daría como resultado la ultraperificidad), como ya lo hacen los Tratados de la Unión Europea, y que nos
    reconozca nuestra vocación atlántica y tricontinental.

Por su parte, la situación política, económica y social de este Siglo XXI admite nuestro peculiar encaje en la Constitución, pero para ello es necesario que se interprete con flexibilidad la propia Constitución y el Estatuto de Autonomía de Canarias dentro del bloque constitucional.

Por ello, es necesario que, sin perjuicio de una posible reforma del texto constitucional, se asuman cuatro cuestiones fundamentales:

  • Reconocimiento por los distintos poderes del Estado y las fuerzas políticas de que el hecho insular (en su vertiente de doble insularidad más la lejanía, lo que da como resultado la ultraperificidad) es el hecho diferencial canario que cualifica nuestra especificidad de manera más intensa que cualquier otro, lo que justifica una relación bilateral con el Estado.
  • Como consecuencia de ese hecho diferencial, la Comunidad Canaria debe asumir, vía transferencia o delegación, competencias que nos permitan unas relaciones exteriores propias y específicas en materias tales como inmigración, comercio exterior, y relaciones con países del entorno cultural y geográfico de América y África.
  • También reclamamos competencias en transporte aéreo, gestión de puertos y aeropuertos, entre otras cuestiones, a través, en su caso, del procedimiento previsto en el artículo 150.2 de la Constitución.
  • Delimitación del territorio de la Comunidad con la inclusión en él de las aguas archipielágicas. Defenderemos, por tanto, la aplicación de un procedimiento de “líneas de bases rectas” para definir un perímetro de nuestro Archipiélago que dis tinga las aguas interiores o interinsulares del mar territorial y de la zona económica exclusiva.
  • Participación directa de Canarias en las delegaciones españolas ante la Unión Europea en materias de su interés. En aplicación de lo dispuesto en el art. 37.2 de nuestro Estatuto como forma de intervenir en determinadas decisiones, como es el caso de las producciones agrícolas de tomates y plátanos, de la misma forma que otros Estados de la Unión Europea permiten la participación, incluso en el Consejo de Ministros Europeo, de los representantes de las regiones europeas vinculando su posición política al Estado miembro, como es el caso de Gran Bretaña (Escocia, Gales e Irlanda del Norte), República Federal Alemana (Länders) o el Reino de Bélgica (Flandes, Bruselas y Valonia).
  • El Estatuto de Autonomía de Canarias dota al Archipiélago de amplia autonomía en importantes materias, por lo que demandaremos que se complete el traspaso de todas aquellas competencias pendientes (en especial, aquellas relacionadas con la insularidad: costas, servicio meteorológico, vertidos al mar, prospecciones petrolíferas, salvamento
    marítimo, etc.) así como, en relación con los Cabildos como órganos de gobierno, administración y representación de las Islas, la reforma de la Ley Orgánica del régimen electoral general y la Ley de Bases de Régimen Local para que sea el Parlamento de Canarias quien regule el procedimiento electoral de los Cabildos, así como la totalidad de su organización y funcionamiento convirtiéndolos definitivamente en los verdaderos Gobiernos insulares.

Nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias

El disfrute del autogobierno que propició el Estatuto de Autonomía de Canarias aprobado en 1982 es el responsable del vertiginoso progreso en todos los órdenes (social, político, económico y cultural) que ha experimentado Canarias desde entonces.

En estos casi 30 años de la España autonómica, Canarias no ha alcanzado el autogobierno que se necesita ya que, tanto en el inicio del proceso con el Estatuto originario como en la Legislatura pasada, el Archipiélago ha quedado fuera de las grandes decisiones sobre el modelo de Estado por los intereses partidistas del Gobierno de España de turno. En efecto, tanto la UCD-PSOE en 1982 como el PSOE en 2007 frustraron la posibilidad de que contáramos con un nuevo Estatuto y así profundizáramos en nuestro autogobierno aumentando los espacios de decisión y actuación propia.

Por ello, es necesario que las nuevas Cortes aprueben el nuevo Estatuto que se promueva desde Canarias y que culmine con un modelo singular de integración para los próximos 30 años.

Desde 1996, fecha de la anterior reforma estatutaria canaria, han acontecido en los ámbitos estatal, europeo e internacional múltiples fenómenos que han dado lugar a un nuevo contexto en el que Canarias se debe desenvolver. La experiencia acumulada en estos años de autogobierno, la globalización, la emergencia de nuevos mercados, los grandes flujos migratorios o los procesos de ampliación de la Unión Europea son sólo algunas de las circunstancias que
exigen, en todo caso, la actualización de los instrumentos de gestión propia previstos en el Estatuto de Autonomía para favorecer el progreso del Archipiélago.

El Estatuto de Autonomía es la norma fundamental del Archipiélago que articula el sistema institucional autonómico, establece el marco de relaciones con el Estado a través del ámbito competencial, y garantiza la defensa de los intereses del Pueblo canario y el desarrollo equilibrado de todas las Islas que lo forman.
Todo ello, justifica sobradamente que en la pasada Legislatura del Parlamento de Canarias se haya iniciado un nuevo proceso de reforma estatutaria que pretendía introducir los cambios precisos para modernizar el régimen de autogobierno del Archipiélago y aprovechar su situación geoestratégica como medio para potenciar el bienestar y la prosperidad del pueblo canario y de su entorno africano próximo. En este nuevo proceso de elaboración del texto,
CC-PNC-PIL proponen darle una especial protagonismo a la participación ciudadana, a las aportaciones y sugerencias que los canarios y las canarias realicen a su nueva norma, de manera que el texto que salga sea un texto elaborado por todos y para todos, y atesore el mayor consenso tanto social como de las fuerzas políticas representadas en el Archipiélago.

El nuevo Estatuto debe reconocer y plasmar nuestros hechos diferenciales, la lejanía e insularidad del Archipiélago, lo que los tratados constitutivos de la Unión Europea denominan condición ultraperiférica. En particular:

  • 1. Que se subraye el carácter histórico de la identidad canaria, que aluda a las poblaciones aborígenes hasta nuestros días pasando por la Europa del s. XIV, la conquista castellana, la pertenencia al Estado español o la integración en la Unión Europea sin olvidar las relaciones con América y África. Además, debe hacer expresa mención de las medidas especiales que se han adoptado a lo largo de los siglos para mitigar los efectos negativos de la insularidad y la extraordinaria lejanía de Canarias respecto al continente europeo.
  • 2. La definición de Canarias como Archipiélago Atlántico al que su identidad singular le confiere el carácter de Nacionalidad fundamentada en sus características geográficas, históricas y culturales. Definición que destaca las especificidades que debe tener Canarias en los ámbitos estatales y europeos.
  • 3. Que acentúe la importancia del carácter ultraperiférico del Archipiélago. En este sentido, el mandato previsto en los Tratados constitutivos de la Unión Europea se extrapola al ordenamiento estatal a través del principio de modulación previsto en el artículo 2 del nuevo Estatuto de Autonomía, y que establece el deber del Estado de adaptar sus decisiones políticas, legislativas, reglamentarias, financieras y presupuestarias a las características definitorias de Canarias (insularidad, lejanía, fragmentación y orografía del territorio).
  • 4. Una nueva definición del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma en el que se introduzca expresa y definitivamente el principio archipielágico en virtud del cual Canarias comprenderá el territorio de las Islas y los islotes, el mar que los une y el espacio aéreo correspondiente, delimitándose las aguas interinsulares de acuerdo con el criterio de líneas de base rectas. Además, la Comunidad Autónoma ejercerá las competencias asumidas estatutariamente en dicho ámbito territorial.
  • 5. La identificación de los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma y de los principios rectores de la actuación de los poderes públicos canarios, entre los que destaca la adopción de un modelo de desarrollo sostenible, unos servicios públicos básicos de calidad (educación, sanidad, vivienda, empleo, etc.), la igualdad de género, una renta de ciudadanía, el derecho y el deber a un buen Gobierno, etc.
  • 6. Una descripción más pormenorizada de los símbolos representativos de la Comunidad Autónoma. Así, el nuevo Estatuto de Autonomía debe señalar que Canarias, además de la bandera y el escudo, tiene un himno propio y que la festividad del Día de Canarias se celebra el 30 de mayo. Destaca que en la descripción del escudo de la Comunidad desaparece la referencia a los collares de los canes que le sirven de soporte. Respecto al Gobierno, apostamos por que se faculte a Canarias para dictar Decretos-Ley y Decretos Legislativos y que faculte al Presidente para disolver el Parlamento canario de forma anticipada.
  • 7. Nueva ubicación sistemática de la regulación de otras Instituciones de autogobierno como son el Diputado del Común, el Consejo Consultivo, la Audiencia de Cuentas y el Consejo Económico y Social.
  • 8. Una mejor definición de la organización territorial de la Comunidad Autónoma que se articula sobre las islas y los municipios, con plena autonomía para la gestión de sus respectivos intereses y el ejercicio de sus competencias.
  • 9. Así, el nuevo Estatuto de Autonomía debe subrayar la relevancia de los Cabildos Insulares como órganos de gobierno, representación y administración de cada Isla. Igualmente, debe definir a los Municipios como entidades locales básicas que gozan de personalidad jurídica y autonomía, así como establecer con claridad las competencias propias
    tanto para Cabildos como para Ayuntamientos.
  • 10. Una nueva organización judicial autonómica en la que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias sería la última instancia jurisdiccional de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial.
  • 11. Además, en la nueva organización judicial de Canarias aparece la figura del Consejo de Justicia de Canarias, órgano del Poder Judicial en Canarias que actúa como órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial.
  • 12. Asimismo, en el ámbito de la Administración de Justicia, el nuevo Estatuto de Autonomía debe prever expresamente que las características geográficas, la densidad de población y la cercanía a municipios de especial actividad turística son factores que incidirán en la delimitación de las demarcaciones territoriales de los órganos judiciales, las notarías y los registros públicos.
  • 13. En el plano competencial, por un lado, seguiremos defendiendo que se atribuya a la Comunidad Autónoma nuevas competencias sobre materias de gran interés para el futuro del Archipiélago (extranjería, prospecciones petrolíferas, gestión de puertos y aeropuertos, transporte aéreo interinsular, mercado audiovisual, costas, seguridad, competencias relacionadas con la acción exterior del Archipiélago, etc.) y, por otro, el nuevo Estatuto debe establecer una nueva metodología en la distribución de competencias que corrija los problemas que tradicionalmente se han originado entre el Estado y la Comunidad Autónoma en la interpretación del alcance de sus títulos competenciales.
  • 14. Junto con lo anterior, el nuevo Estatuto de Autonomía debe ofrecer una descripción actualizada del contenido del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, relacionándola con la Unión Europea e incorporando mecanismos de financiación que garanticen la inversión estatal. Además, asegura que las instituciones centrales del Estado no puedan modificar unilateralmente dicha institución económico-fiscal sin el informe obstativo que debe emitir el Parlamento de Canarias.
  • 15. Seguiremos proponiendo la existencia de una Agencia Tributaria de Canarias que asumirá la gestión, recaudación, liquidación e inspección de los tributos propios de la Comunidad Autónoma, de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y de los tributos cedidos por el Estado, así como los propios del Estado.
  • 16. Finalmente, el nuevo Estatuto de Autonomía debe prever un referéndum autonómico como requisito de validez de las futuras reformas estatutarias a través del que el Pueblo canario se pronuncie directamente sobre su grado de autogobierno. Asimismo, el nuevo Estatuto también debe prever un procedimiento de reforma abreviado cuando las eventuales reformas sólo afectaran a las Instituciones propias.

Consolidación de la cultura democrática

Defendemos que la actividad política debe estar al servicio colectivo de la población y fundarse en principios de honestidad, transparencia y competencia en el ejercicio de la actividad pública.

La recuperación de la dignidad de la política exige un compromiso de las fuerzas democráticas centrado en considerar la ética política una auténtica cuestión de Estado, alejada de la competencia partidaria y de la utilización de la justicia y de las instituciones públicas en general como elemento de confrontación.

Propondremos y apoyaremos todas aquellas acciones que vayan dirigidas a:

  • Hacer transparentes y regular los procedimientos de financiación de los partidos políticos que deben estar sujetos a control públicos.
  • Mejorar la legislación en materia de incompatibilidades de los cargos públicos.
  • Denunciar el transfuguismo como una utilización abusiva de la voluntad de los electores y promover un pacto entre las fuerzas democráticas para erradicar esta práctica de la vida política.
  • Fomentar la participación política e igualdad social de las minorías y los colectivos más desfavorecidos.
  • Hacer de los órganos parlamentarios el auténtico centro de la vida política, para hacer efectivo el control de la actividad del Gobierno.

 

 


 

2. UNA SANIDAD DE CALIDAD

El Sistema Sanitario público en Canarias y en España ha evolucionado hacia un Sistema Estatal de Salud que ofrece una de las carteras de servicio más amplias de Europa.

Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-Partido de Independientes de Lanzarote, tras el proceso de transferencias sanitarias, ha incrementado los presupuestos dedicados a Sanidad para hacer frente al abandono que los partidos centralistas han sometido al sistema sanitario en Canarias. Para ello, se ha invertido en la creación y ampliación de infraestructuras hospitalarias y centros de salud, lo que ha mejorado notablemente la cobertura sanitaria y aumentado las prestaciones. Del mismo modo, se han incrementado las plantillas de profesionales y sus retribuciones.

Sin embargo, son cada vez más evidentes los desajustes del Sistema Nacional de Salud causados por la evolución demográfica y el constante crecimiento de la demanda y de la expectativa de los usuarios, la incorporación de nuevas tecnologías cada vez más costosas, el crecimiento de las prestaciones, y la negativa del Gobierno de España en la actualización de la financiación sanitaria y en la puesta en marcha de medidas urgentes que den respuesta a la escasez de profesionales sanitarios. Todos estos elementos ponen en peligro la accesibilidad y la calidad global del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Canario, en particular.

Exigir el pago inmediato de la deuda histórica en materia sanitaria con Canarias, cifrado en 823 millones de euros.

Coalición Canaria viene planteando desde hace más de dos legislaturas, tanto con los gobierno del PP como con el del PSOE, la necesidad de fraguar un Pacto Social por la Sanidad que dé estabilidad y respuesta a la Financiación y Sostenibilidad del Sistema Sanitario.

Por ello, Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-Partido de Independientes de Lanzarote asume las propuestas del Comité de Expertos sobre Financiación y Sostenibilidad del Sistema Canario de la Salud, creado en diciembre de 2004, y el documento del PACTO SOCIAL POR LA SANIDAD firmado por los agentes sociales en mayo del 2006. En este sentido propone, tanto en el ámbito de las Cortes Generales como al próximo Gobierno del Estado y al Parlamento de Canarias, el desarrollar un PACTO DE ESTADO POR LA SANIDAD en el que se establezcan los acuerdos necesarios que aseguren la financiación sanitaria suficiente, la cohesión y la gobernabilidad del Sistema Nacional de Salud reforzando el papel del Consejo Interterritorial como órgano de cooperación entre la Administración General del Estado y la Administración de las Comunidades Autónomas, debiendo asimilar su funcionamiento al de las Conferencias Sectoriales, que tienen mayor capacidad de decisión y de corresponsabilidad. En dicho Pacto deben contemplarse, entre otras, respuesta a los siguientes problemas:

Actualización y adecuación del sistema de financiación sanitaria

  • Incrementar en los Presupuesto Generales del Estado las partidas dedicadas a Sanidad. No permitiremos que el Gobierno de España haga unos presupuestos con superávit mientras el Sistema Sanitario necesita una mayor inversión. España es de los países europeos con menor inversión pública sanitaria,